En la tarde-noche de ayer tuvo lugar en el salón de sesiones del consistorio municipal el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre. Un pleno que dio comienzo con la lectura, por parte de la concejala del Partido Popular, Pepa Villaplana, de un manifiesto en el que se denuncia la violencia junto a la relación de las mujeres asesinadas durante el mes y el habitual minuto de silencio en memoria de estas víctimas de violencia de género, seguido de la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior para, posteriormente, dar a conocer el secretario municipal los informes y correspondencia en los que informó que el pleno correspondiente al mes de diciembre pasa a celebrarse el martes, 22 a las ocho de la tarde.
Seguidamente, se aprobó la concesión de una de las casetas del Mercado Central para, a continuación, en el apartado de Servicios Generales, aprobarse las tarifas de distribución de agua a domicilio para el ejercicio 2016 y que supondrá para los bolsillos de los vecinos un incremento, respecto al año pasado, de 1,5 puntos, proveniente del convenio firmado con Aguas de Alicante + el IPC, por lo que la subida para el próximo año será de 0,6 puntos ya que el IPC de esta anualidad ha sido negativo en 0,9 puntos .
En el apartado de Personal se aprobó la solicitud, a título individual, del inicio de expediente para la concesión de una distinción al agente Francisco Javier Egea que estando fuera de servicio detuvo a dos personas que estaban cometiendo un delito en una finca rústica, dando cuenta posteriormente del informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre de 2015.
En lo que respecta al apartado del Ayuntamiento, en primer lugar, se debatió la moción del grupo municipal Sí-Podem por unos Servicios Sociales que den respuesta a las necesidades básicas de la ciudadanía.
En su presentación el concejal de Sí Podem, Sergi Cremades, expuso la situación de emergencia social que, a su juicio, vive la sociedad en base a los datos de una serie de informes oficiales de varios organismos señalando la necesidad de aumentar el presupuesto para atenuar esta problemática así como la creación de un modelo nuevo de Servicios Sociales con mayor dotación técnica, material, económica y humana.
Acabó planteando una serie de propuestas en el ámbito nacional, autonómico y municipal para luchar contra el empobrecimiento general de la población tales como la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el reconocimiento público por la administración autonómica de esta situación de emergencia o la priorización de las coberturas sociales.
En su turno de alocuciones, Víctor Sales, de Ciudadanos Petrer, manifestó que los datos que se ofrecían en la moción podían generar cierta alarma social y que les creaban dudas algunas de las medidas propuestas, reivindicando la reforma y no la derogación de la Ley de Racionalización para que los municipios pudieran disponer de recursos suficientes para prestar unos servicios en condiciones.
A continuación fue la concejala del Partido Popular, Pepa Villaplana, la que lamentó que utilizar expresiones como emergencia social excepcional podía generar en la población pesimismo y alarma social, además de poner en duda el que cerca del 40% de la población petrerí se encontrara en el umbral de la pobreza.
También manifestó su discrepancia con que existiera colapso en los servicios sociales locales o sobre la propuesta de una renta garantizada a la ciudadanía por entender que ello genera una sociedad sin valores al estar subsidiados, lamentando que en la moción no se hablara de la necesidad de potenciar políticas activas de empleo e indicando para acabar que la moción le parecía descoordinada en su planteamiento y pesimista en su exposición.
Seguidamente fue Silvia Rodríguez, de la coalición Compromís la que preconizó la estandarización de políticas sociales que desarrollaran una nueva carta de Derechos Fundamentales y la necesidad de legislar para garantizar derechos sociales como la educación, la sanidad, la vivienda o la igualdad reseñando que el trabajo ya no es una garantía para vivir una vida digna. También reseñó la necesidad de cambiar el modelo actual de organización social por otro que posibilite luchar contra la pobreza añadiendo la importancia de una renta garantizada para la ciudadanía que favorezca la inserción social de las personas que no dispongan de recursos suficientes.
Acabó indicando la necesidad de aumentar los presupuestos para llevar a cabo estas políticas además de declarar la necesidad de tener en cuenta el Medio Ambiente.
Seguía el turno de alocuciones con Javier Martínez, concejal de Esquerra Unida que analizaba la moción presentada en dos planos, por un lado, en la preocupación por solucionar una situación excepcional producida por la crisis y en la que cada partido político planteaba una serie de propuestas, aunque reconocía que en el ámbito local era posible llevar a cabo algún tipo de medidas como la recuperación de los servicios externalizados por los municipios, la creación de un banco público de tierras o la contratación ética sostenible; y, por otro lado, un debate de fondo sobre el modelo actual de los Servicios Sociales y cuál es el modelo al que se aspira. Sobre este último, Javier manifestaba la necesidad de debatir sobre las competencias de las diferentes administraciones y crear un sistema de financiación real además de definir a la Ley de Racionalización como un fiasco y apoyar la solicitud presentada en la moción de derogar el artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda sobre otras opciones, manifestando para finalizar su coincidencia con la propuesta del acuerdo presentado.
Acababan las alocuciones con el concejal del Partido Socialista, Fernando Portillo, que ponía el énfasis, tras reconocer el gran trabajo que vienen realizando los técnicos de Servicios Sociales, en la voluntad de los nuevos equipos de gobierno, tanto autonómicos como locales, de aumentar la dotación presupuestaria para Servicios Sociales así como el fomento de los Planes de Empleo.
Finalmente, tras la réplica de Sergi Cremades a algunas de las manifestaciones vertidas por el restos de grupos políticos se aprobó la moción con las abstenciones de Ciudadanos y PP y el voto favorable del resto de partidos.
A continuación fue el turno de debate y aprobación de la moción conjunta de todos los grupos municipales relativa a la constitución de un Protocolo de actuación sobre identidad de género ante la infancia y la juventud en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana, para, seguidamente, debatir y aprobar la moción conjunta de todos los grupos políticos municipales sobre adhesión al Pacto Local contra la violencia de género.
En esta moción, la concejala de Igualdad, Pura Díaz hizo una exposición previa señalando que el documento que se traía para su adhesión era el fruto de un trabajo previo consensuado con todos los grupos municipales asó como con los colectivos y asociaciones municipales basado en la IV Conferencia sobre la Mujer de Naciones Unidas así como en la legislación europea, estatal y autonómica sobre la materia.
Añadía que en este Pacto se plantea la necesidad de que las administraciones actúen como promotoras para eliminar los obstáculos que impidan a la ciudadanía su plena participación proponiendo actuaciones de carácter transversal que busquen la eliminación de la violencia sobre la mujer, vinculando a todos los sectores sociales y formulando modelos alternativos de convivencia, respeto e igualdad promoviendo éstos como forma de combatir la lacra de la violencia machista, en especial, en aquellas actividades que desarrolle el Ayuntamiento.
Tras leer el texto de adhesión, Pura Díaz, desarrollaba algunos de los compromisos asumidos en el Pacto en materias como la educación, el empleo, la cultura o el deporte, finalizando con la aclaración de que el documento está abierto a todos los colectivos y ciudadanos.
Por último, se aprobó también la moción conjunta de todos los grupos políticos municipales de apoyo a la declaración de La Rendició como bien inmaterial de interés cultural, finalizándose el pleno con el apartado de Ruegos y Preguntas, apartado éste en el que se plantearon asuntos como el estado de la maleza en la Rambla, el pintado de varios pasos de peatones, la situación actual del proyecto de instalación semafórica de la Avenida del Mediterráneo, la filtración de aguas residuales en varios edificios o la fecha de iniciación de la instalación de las aulas prefabricadas y de las obras de reforma del instituto Azorín.
Para acabar, era un vecino, Pablo Verdú el que pedía explicaciones por las supuestas declaraciones de un miembro de la corporación en las que definía los plenos como un montaje, siendo respondido por la primera autoridad local en términos loables de la función pública que realizan los representantes de la soberanía popular.
Fuente : www.diarioelcarrer.es