Nota de prensa de IU ELDA:
El pasado miércoles 2 de abril presentamos en la Audiencia Provincial de Alicante, un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, para que inicie las actuaciones procesales necesarias para investigar si desde el equipo de gobierno eldense, con Adela Pedrosa a la cabeza, pudiera haber cometido algún tipo de delito penal al haber fraccionado el contrato del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, con el presunto objetivo de disminuir la cuantía del contrato y eludir de este modo los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponde según la Ley de Contratos del Sector Público, ya que dichos contratos superan los 18.000 anuales que marca esta ley, por lo que para haber contratado este servicio se tendría que haber producido un concurso público, cuestión que no se produjo, y se adjudico a dedo este servicio.
Por lo que desde Izquierda Unida entendemos que desde este Ayuntamiento presuntamente se han cometido irregularidades relacionadas con la adjudicación del servicio de retiradas de vehículos de la vía pública, en el modo de que se adjudicaron de modo directo a la misma empresa o incluso a empresas privadas vinculadas, superándose los límites económicos establecidos para los contratos menores. Cuestión que ya desde los técnicos municipales del Ayuntamiento se había advertido al equipo de gobierno.
Por todo ello hemos solicitado al Fiscal que inicie los tramites de instrucción necesarios para determinar el alcance y la responsabilidad penal, si la hubiera, de los autores de los hechos denunciados.
Las adjudicaciones directas se hicieron mediante Decretos de Alcaldía en 2010 y 2013, presentando, además, a comienzos de 2013, un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, es decir facturas fuera de presupuesto, de servicios realizados por la misma empresa en 2012, por valor de 47.519.
En el escrito al Fiscal, se pone de manifiesto que los técnicos del Ayuntamiento de Elda advirtieron al equipo de gobierno que el fraccionamiento de dichos contratos suponía una irregularidad respecto de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que se tenía que seguir el procedimiento legalmente establecido para la adjudicación del servicio de retirada de vehículos.
Las conclusiones del informe de Intervención son muy claras:
Existe identidad de objeto así como identidad empresarial, ya que las dos empresas que facturan por el concepto citado pertenecen al mismo grupo.
Las cantidades facturadas exceden de los límites marcados por la Ley de Contratos del Sector Público.
Se incumple el artículo 74 de la Ley 30/2007 que prohíbe el fraccionamiento de un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Termina el informe suspendiendo la tramitación del expediente, como exige el TRLRHL, en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Decíamos en 2013 que se estaba infringiendo la ley y que así lo decían los técnicos. Que estaba muy claro que la actuación que se hizo era para favorecer a la empresa, o para otro tipo de intereses , y anunciábamos que presentaríamos este asunto a la Fiscalía, porque sobrepasaba lo normal y empezaba a rozar la corrupción.