El Consejo de Ministros del pasado 21 de junio presentó su reforma de las Administraciones Públicas en la que se incluye la reforma de la Administración Local. Un informe totalmente contradictorio pues en el mismo se contempla que las Corporaciones Locales redujeron su déficit en 0,3 p.p en 2012 situándose este en el 015% del PIB y cumpliendo ampliamente con el objetivo del 03% del PIB fijado. A pesar de esto, el ejecutivo continúa con su reforma de la administración local. Entendemos así que el motivo no es el económico sino ideológico, una de esas medidas estrellas que el Partido Popular de Rajoy mantenía en su programa oculto. Ese con el que no se presentó a las elecciones.
La denominada reforma de la administración local acaba con el principio rector que ha motivado la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de ser la administración más cercana. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron en los comienzos de la llamada democracia los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.
La famosa reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales que puede suponer el deterioro de servicios públicos. En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los principios del reformado artículo que condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando.
Según el Informe se clarifican las competencias municipales para evitar las duplicidades y se limita el ejercicio de competencias impropias a criterios de eficiencia, lo que dicen supondrá un ahorro de al menos 7.129 millones de euros. Todo ello avalado sin un informe económico. ¿Cómo sabremos ya el ahorro que supondrá esta reforma sin saber siquiera qué competencias o no le serán eliminadas a los municipios?
Por otro lado, otra vez más se contradice pues no se eliminan duplicidades -se refleja la posibilidad de las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-. En todo caso lo que consiguen es eliminar competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. Es otra acepción más de la neolengua que utiliza el Partido Popular: hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios; hablan de clasificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local.
La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central.
Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que está exigiendo todo lo contrario: más participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos en lo que dentro de las Administraciones se refiere. En la calle ya sabemos como se defiende: con balas de gomas y porrazos para quienes exigen esa democracia.
Con esta ley anti-ayuntamientos, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un coste estándar fijado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real de los servicios. Esta reducción tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la pérdida de empleo municipal. Además, las Diputaciones impondrán en ese caso los impuestos locales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese coste estándar. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio.
La pérdida de la prestación de servicios supondrá, por tanto, un grave retroceso de la calidad democrática. En un momento donde la ciudadanía reclama mayor participación en la vida democrática, con este anteproyecto el PP mutila la participación y la capacidad de decisión sobre las políticas de proximidad que se desarrollan en los Ayuntamientos.
El anteproyecto lleva ya más de un año gestándose. Un proceso largo que no ha venido acompañado de una mejora técnica y menos de una pretensión de limar aristas, lo que sí que está claro es que en todos, el principio de autonomía local está ausente