Dada la importancia de los puntos a tratar, como son la revisión de precios de las principales tasas municipales y no sólo eso, también la creación de otras nuevas que consideramos, como poco, aberrantes como es el caso de la mal llamada ordenanza de convivencia ciudadana. Una ordenanza que viene motivada, y así se hace indicar en la justificación de su redactado, por el fomento de la convivencia, cuando en líneas generales lo que viene a sancionar de forma coercitiva, son situaciones que se han visto incrementadas y todavía lo serán más por esta situación de crisis que padecemos.
Con sólo echar un vistazo por encima, nos encontramos con que se castigaría situaciones como la de realizar la mendicidad, como ofrecer un bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos, (véase los venderos de pañuelos de papel en semáforos), los aparcacoches sin permiso municipal, o la prostitución, etc… Situaciones que entendemos las administraciones públicas deben frenar desde la intervención de los servicios sociales en primera instancia, y en última, cambiando y mejorando las condiciones socio-económicas del pueblo, ya que para eso se les ha votado.
No siendo esta la opción del partido popular, han decidido que se debe atajar esta problemática mediante el castigo, mediante la sanción, o quizá como una opción más de fuente de ingresos. Además equipara estas situaciones provocadas por la cada vez más evidente injusticia social, a comportamientos que sí podríamos considerar incívicos, como la de realizar conductas vandálicas, agreisvas en el mobiliario urbano, arrancar flores o incendiar estatuas, lanzar o dirigir petardos sobre personas, animales o bienes públicos, entre otras.
Nos parece una aberración no solo el contenido de la ordenanza, sino también las formas en las que se nos presenta a los grupos de la oposición, que no hemos tenido acceso a este documento hasta después de haberse celebrado las comisiones informativas y que legalmente se deben dar antes de las mismas.
En cuanto al resto de ordenanzas que se llevan al Pleno, por norma general el partido popular propone la subida del 2,9%, con motivo de la aplicación del IPC. Volvemos al mismo debate de hace un año, en el que después de 5 años de crisis, cuando peor están las cosas, se incrementan las tasas municipales.
Desde Esquerra Unida propondremos, que al menos aquellas que tengan un carácter social sean congeladas, como puedan ser la ordenanza de cementerios o de escuelas infantiles. No obstante apoyaremos las subidas en aquellas que no recaigan directamente en la ciudadanía, como es la ordenanza de pago de tasa a entidades bancarias por tener cajeros automáticos en las vías públicas, u otras que tengan una naturaleza puramente sancionadora como pueda ser la de arrastre de grúa.
Otra de nuestras propuestas a las ordenanzas, sigue siendo una demanda de nuestro grupo y que ya registró la Asociación Fauna Libre sobre la ordenanza por tenencia de animales de compañía de raza canina. Es que no solo apoyaremos la modificación de eximir de esta tasa a los animales con domicilio en partidas rurales, sino que además solicitaremos de nuevo que se exima igualmente a los animales que procedan de la Protectora de Animales, a fin de fomentar la adopción y salida de los muchos perros que tristemente están en ella, abandonados o sin familia.
MOCIÓN DE ESQUERRA UNIDA A PLENO:
En cuanto a otros puntos del pleno, presentar públicamente nuestra moción que viene a proponer el fomento de la contratación pública sostenible, atendiendo no sólo a criterios económicos, sino también criterios sociales, ambientales y éticos.
En los puntos de acuerdo se establece la reserva y adjudicación de determinados contratos a empresas de inserción y centros especiales de empleo, atendiendo al conjunto y no tan sólo al punto económico, para conseguir que desde la Administración, la compra y/o contratación pública, se base en buenas prácticas, estableciendo en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la obligatoriedad porcentual mínima, encaminada a la compra ética, ecológica y social.
Todo ello respaldado por la directiva europea 18/2004 y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.