Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Petrer (Partido Socialista, Esquerra Unida y BLOC-Compromís) participarán en la Trobada per la Defensa del Municipalisme que se celebrará el próximo sábado 30 de noviembre en Burjassot contra la reforma de la ley de régimen local que impulsa en solitario el Partido Popular, tal y como han anunciado esta mañana los portavoces municipales de estas formaciones políticas, Alfonso Lacasa (PSOE), Javier Martínez (EUPV) y David Navarro (BLOC).
«El proyecto de ley para la reforma de la Administración Local sólo se explica porque el Partido Popular quiere imponer unos ayuntamientos con competencias cada vez más limitadas, que presten los servicios obligatorios cada vez más reducidos, sin autonomía política y vigilados mediante técnicas de control dudosamente constitucionales», han explicado.
Además, los portavoces de la oposición han hecho hincapié en que la reforma de la ley de régimen local no prevee ninguna financiación adicional. «Sin lugar a dudas, la falta de financiación ha sido y sigue siendo el gran problema de los ayuntamientos. Hace años, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy era uno de los defensores de que las administraciones locales gestionasen un 33 % del total del gasto público. Los ayuntamientos han venido atendiendo lo mejor que han podido las necesidades ciudadanas con sólo entre el 12 y el 14 % del total. Ahora Rajoy, tal y como nos tiene acostumbrados, incumple sus promesas y restringirá aún más la financiación local».
Por otra parte, los grupos de la oposición han denunciado que «el verdadero objetivo del Partido Popular es la privatización de la gestión de los servicios públicos locales: primero, recentralizar servicios de los ayuntamientos a las diputaciones y luego, externalizarlos concediendo el «negocio» a empresas privadas».
Así, los ediles han resumido las características de la reforma de la ley de régimen local que promueve el PP en estos cinco puntos:
Reduce las competencias propias (art. 25 de la Ley Básica de Régimen Local). No le da a los ayuntamientos la capacidad para prestar servicios sociales, a lo que se añade reducción de los servicios municipales de prestación obligatoria.
Generaliza la técnica de competencias delegadas, lo que no es acorde con la Carta Europea de Autonomía Local.
Limita la prestación de actividades complementarias (a las que califica de «competencias impropias»), esclavas siempre de criterios economicistas: la Escuela Infantil de Els Peixos, por ejemplo.
Da a la iniciativa económica local un carácter subsidiario, en favor siempre de la iniciativa privada. Otro claro sesgo ideológico del proyecto.
Les da a las Diputaciones los servicios obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes (cerca del 95 % de los municipios de España), y lo hace erigiéndose en juez y parte de cómo se gestionan esos servicios. Además traspasa los servicios a una institución que no es elegida directamente por los ciudadanos, con lo que se rompe el principio democrático.
Con esta reforma el Partido Popular, según concluyen los partidos de la oposición, «se vulnera la autonomía local garantizada constitucionalmente y los principios de la Carta Europea de Autonomía Local. Invade las competencias de las Comunidades Autónomas, sin respetar las que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía y que hasta ahora había respetado la ley de Bases de Régimen Local. El PP recorta la calidad democrática de los ayuntamientos, y lo que es más injusto, lanza un ataque frontal a la igualdad del territorio y de los ciudadanos que lo habitan y, por tanto, a la cohesión social».
Por todo ello, PSOE, Esquerra Unida y BLOC-Compromís han insistido en la idea de defender el municipalismo y han planteado la reivindicación histórica de un plan de financiación local que permita a los ayuntamientos mantener unos servicios públicos de calidad y atender las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, han denunciado la falta de consenso y han tildado la nueva ley de «imposición» de la mayoría absoluta del PP que convertirá a los ayuntamientos en unas instituciones más alejadas de los vecinos y debilitará la democracia local.