En breve se consumará en Consejo de Ministros el nombramiento de Don Juan Carlos López Coig como nuevo Fiscal Jefe de la provincia de Alicante; el Fiscal General del Estado y todo el Gobierno atenderán con este nombramiento a sus intereses políticos y no al de la Justicia y los ciudadanos.
El sistema de nombramiento es el concurso público, pero los criterios políticos del Fiscal General del Estado contaminan cuanto toca, independientemente de la profesionalidad del Sr. López Coig, este deberá soportar siempre el estigma de su valedor, que le nombra para el cargo con la intención preferente de mantener y ampliar su control sobre la fiscalía.
En la provincia de Alicante hay cientos, quizá miles de personas nombradas para sus cargos públicos sin tener en cuenta los criterios de eficacia e idoneidad para la función que deben desarrollar, sino más bien su lealtad al proyecto político del partido o incluso de la persona que las designa.
Esta política de nombramientos clientelares que se lleva a cabo tanto en la Administración del Estado como en la Autonómica, local o Provincial, además de terriblemente onerosa, está resultando profundamente dañina para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
Javier Ruíz, Responsable de Organización de UPyD Alicante, manifestó que es exigible a los responsables políticos que reflexionen sobre la situación de emergencia en la cual se encuentra nuestra provincia, y que mostrándose a la altura de sus cargos se decidan a actuar de forma menos sectaria que hasta la fecha, dando entrada a los mejores y no los más amigos
Raúl Díaz, Responsable de Comunicación UPyD Alicante