Reunida esta mañana la comisión de Investigación constituída para investigar la NP-R3 (Sector La pileta), desde ADIi manifestamos lo siguiente:
Constituída la comisión, y ofrecida a mi persona la presidencia de la misma por la señora Alcaldesa, he declinado dicho ofrecimiento habida cuenta de que nuestro grupo no va a continuar adelante formando parte de dicha comisión y ha pedido hoy formalmente la suspensión, único motivo por el que ha acudido solicitando quedase constancia debida en el acta levantada al efecto por la secretaria de la misma.
El motivo de solicitar la suspensión es el escrito presentado ayer por la legal representante de la empresa adjudicataria (TOPLABI), en el que adjuntaba resguardo de la querella presentada ante la fiscalía anticorrupción el 20 de enero, la cual ha sido admitida y ha motivado, al parecer, diligencias de investigación por parte del fiscal. Seguimos manteniendo que, siendo investigada dicha cuestión por la fiscalía anticorrupción es motivo más que suficiente para que se deje investigar a la misma, así como al Juzgado caso de que se abra el procedimiento correspondiente. Iniciar una comisión de investigación cuyas conclusiones no son vinculantes y a la que nadie está obligado a comparecer, únicamente supondría una investigación paralela manejada por el grupo político mayoritario y que lo único que contribuiría es a entorpecer la investigación del fiscal. Y todo ello sin perjuicio del daño que se podría causar a las personas declarantes a las que se acusa en la denuncia ante fiscalía, quienes deben tener su pleno derecho de defensa para ejercerlo en las instancias judiciales oportunas y no para ir declarando en juicios políticos paralelos en los que la conclusión va a ser la que decida el PP.
No obstante lo manifestado, el PP ha decidido nombrar presidenta de la comisión a Pilar Ortega y seguir adelante con la misma, por lo que entendemos que ahora es a la fiscalía anticorrupción a la que le compete solicitar si procede la suspensión de la misma. Desde ADIi seguimos manifestando que las responsabilidades políticas que se derivan de todo esto recaen necesariamente en el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Agüera y en la Alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, quienes están demostrando que hay desgobierno en áreas importantísimas de la gestión municipal, y que no dudan en derivar responsabilidades a los técnicos municipales, cuando no les interesan las consecuencias de sus actos. Por otra parte, resulta altamente revelador que en el tema del Alamí el PP haya acelerado todos los trámites no obstante haber recursos presentados, y que en esta unidad, transcurridos casi cuatro años, se haya frenado todo lo posible la misma. Y resulta igualmente revelador que en su momento la alcaldesa de Ibi votara favorablemente a este proyecto y que, sin embargo su portavoz y primer teniente de alcalde entonces y ahora, Miguel Ángel Agüera, no asistiera a dicho pleno, y que luego haya sucedido todo lo que ha sucedido. Cabe recordar que la sentencia del TSJ no retira la adjudicación a Toplabi, sino que lo que indica es que no está suficientemente motivada e insta al Ayuntamiento a motivarla debidamente. Y por último, cabe también resaltar que en otras unidades de este calibre se han dado todo tipo de facilidades a empresas foráneas, y en esta que la empresa adjudicataria es de Ibi, y que da trabajo a familias de Ibi, se ponen todo tipo de trabas, viéndose la misma obligada a denunciar en la fiscalía anticorrupción.
Nicolás Martínez RuizPortaveu
Grup Municipal dADIi a lAjuntament dIbi