El Estado de Derecho es aquél en que ningún ciudadano está por encima de la ley. Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta condición, el Estado asume la clásica división en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo, y el judicial. Una prensa libre, no sometida completamente a las presiones del poder político, permitiría que los ciudadanos pudieran controlar el funcionamiento de la maquinaria institucional, mientras que los partidos competirían para ocupar puestos en los órganos que legislan, teniendo la obligación, si entran en el gobierno, o en cualquier gobierno autónomo y municipal del Estado, no solo de cumplir las leyes, como cualquier ciudadano común, sino también de hacerlas cumplir.
Pues bien, últimamente estamos viendo cómo en nuestra ciudad. Determinados políticos con responsabilidades de gobierno se abstienen de su obligación de hacer cumplir las leyes. Es el caso de la agresión de un concejal y un empleado de confianza de la señora Celia Verdú, cuya obligación hubiera sido impedir el primer enfrentamiento entre dos concejales del mismo partido, a sabiendas de que se trataban de dos representantes del pueblo. Es también el hecho de negarse a debatir una moción de la oposición para pedir el cese de la persona de confianza, suponiendo que no lo fuera de su agrado, lo cual es bastante probable que ocurra, ya que el mismo impulsor de está moción el PSOE, supuestamente va a reiterar esa misma petición ante el próximo pleno, caso que persista esa negativa por parte de la alcaldesa.
De fuente muy cercanas a la alcaldesa, hemos tenidos conocimiento que la misma llego a reconocer implícitamente su error, al considerar que lo hechos no debieron hacerse producido de la forma como se han desarrollados. Al parecer estas mismas fuentes se dijo doña Celia era contraria a aplicar sanciones disciplinarias a los dos implicados, lo verdaderamente grave es que una autoridad municipal considere que puede dejar de aplicar los reglamentos y leyes, como si su cumplimiento fuera opcional. Evidentemente no lo es. Lo que sí puede hacer desde su puesto de Alcaldesa es influir para que el Instructor tome en consideración ciertas circunstancias atenuantes; o dejar el gobierno municipal y pasar a la oposición. Pero permanecer en el gobierno y no aplicar las leyes es un fraude que deteriora muy seriamente la calidad del sistema democrático.
Cuando los cargos públicos renuncian a aplicar las leyes, están transmitiendo un mensaje equivocado a la sociedad: el de que las leyes no son iguales para todos. Cuando esto ocurre, no puede decirse que estemos en un Estado de Derecho, sino en un país en el que reinan la corrupción y la arbitrariedad. Esto no es lo que ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, quieren de sus políticos, sean del PP.PSOE o Verdes
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Señores políticos, la cortina de humo que han intentado imponer para tapar un hecho no ha dado el resultado que esperaban. Es evidente que cada vez a los políticos les es más difícil ocultar la verdad, gracias al buen quehacer de los reporteros-periodistas y, especialmente, a Internet, donde los ciudadanos y ciudadanas de Villena, pueden encontrar la información que trascurre durante el día.
El dilema que va a tener este gobierno municipal del PP, es como va aguantar los meses que les queda hasta las próximas elecciones municipales. ¿Qué conejo sacarán de la chistera?
¡Y Vd. que opina!
Luis Soria Navarro