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Comunitat Valenciana

La UGT considera fundamental hace visible la incidencia de los riesgos psicosociales ante la sociedad

La UGT considera fundamental hace visible la incidencia de los riesgos psicosociales ante la sociedad

Marisa Rufino, secretaria de salud laboral de la UGT, ha asegurado en la clausura de las Jornadas sobre acoso laboral que se han desarrollado en la Fundación Universitat Empresa ADEIT, que es fundamental hacer visible la incidencia de los llamados riesgos psicosociales ante la sociedad para que poderlos observar e investigar, de manera que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Junto a ella, el delegado del gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta abogó por buscar soluciones entre todos los agentes implicados, universidad, empresarios, trabajadores y juristas ante este problema para fomentar una cultura de la solidaridad que excluya las situaciones de acoso en el ámbito laboral.
Antes de la clausura de las jornadas, Olga Fotinopoulou pronunció una conferencia sobre la tutela integral frente al acoso en la que demandó que el acoso moral se combata desde la gestión de recursos humanos, con protocolos de actuación, puesto que no hablamos de una situación personal sino que tiene una dimensión colectiva, organizativa. Para ello hay que tener una visión preventiva, no reactiva ante este problema.
A pesar de ello, reconoció los problemas que tiene implementar fórmulas jurídicas en el ordenamiento para combatirlo y reclamó un cambio en el código penal para introducir una definición clara del fenómeno. En todo caso, indicó la responsabilidad es del empresario que no actúa frente al acosador.
Las Jornadas tuvieron su punto culminante en la presentación del protocolo de actuación frente al acoso laboral elaborado por un equipo multidisciplinar compuesto por la abogada Ana Mejías, y los profesores de las Universidades de València y de la Jaume I, Enrique Carbonell y Miguel Ángel Gimeno, un “procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral”.
Carbonell indicó que solamente el 13% de las empresas ubicadas en la Comunitat Valenciana evalúa los riesgos psicosociales y denunció que, en demasiadas ocasiones, se generan protocolos para dar cobertura formal a las posibles denuncias, pero que en realidad no son herramientas preventivas. Así las conclusiones de un estudio realizado por este grupo señala que el 6% de los trabajadores y trabajadoras son acosados, mientras que un 28% tiene la sensación de serlo. Respecto al tiempo de duración, el 55% de los acosados lo son durante un tiempo superior a los 6 meses y los casos que llegan a los tribunales tienen una duración de 2 años. Por último, respecto a los costes que tiene el acoso, señaló los personales, sociales, familiares, laborales y a toda sociedad, por tanto concluyó hemos de buscar soluciones a esta problemática.
Gimeno, quien se mostró más partidario de utilizar el término violencia laboral, en lugar de acoso, reseño que el procedimiento de actuación debe estar integrado en la actividad preventiva para anticiparse al hecho, atacando el problema en las fases tempranas. Además, indicó que es preferible que sea participado por todos para sumar recursos y detectar los entornos tóxicos y eliminarlos. Así la prevención proactiva, la detección temprana, la gestión y resolución de conflictos puede dar respuestas a la situación, siempre desde el chequeo del entorno y la organización del trabajo, mediante un cuestionario que vigile la violencia laboral.
Por último, Ana Mejías desgranó cómo debe ser el procedimiento de actuación cuando se ha producido la situación de violencia y no se desea rescindir la relación laboral. El protocolo debe de ser rápido, sencillo, cercano, flexible y eficaz, mientras que sus características principales es que debe ser garantista, imparcial, efectivo, proteccionista y vinculante aunque no debe atentar a los derechos de tutela judicial efectiva.
Así, el protocolo debe ponerse en marcha por cualquier trabajador y pretender la resolución del conflicto, una cuestión que debe recaer en una comisión donde esté representado la empresa, los equipos de prevención y la víctima. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que el tiempo de investigación no supere los 30 días y la de resolución los 20. Por último, el procedimiento debe activar mejoras en el centro de trabajo a través de los informes que han acompañado al protocolo a lo largo del proceso.


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