La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV) denuncia que en los últimos meses los distribuidores están inflando los precios de los productos agrarios y ganaderos en función de lo que el consumidor puede pagar en lugar de ajustarlo al coste del mismo (el precio que se le liquida al productor) más unos márgenes razonable. La organización denuncia que tanto agricultores, ganaderos como los consumidores son los que están pagando los platos rotos de una escalada de precios desorbitada y de unas actitudes completamente injustas de algunos que pretenden hacer su agosto a costa de exprimir el bolsillo de consumidores y mermar los ingresos de productores.
Según recoge la UPA-PV, en las últimas semanas el precio de venta al público de las carnes de cordero, ternera, cerdo y conejo, y productos importantes en la cesta de la compra como las judías verdes, alcachofas, limones o acelgas, como ejemplo, se han visto incrementados de forma considerable. En el caso de las judías verdes, en un solo mes han aumentado un 10%. Las carnes, por su parte, han incrementado su precio de media un 2% en 30 días. Paralelamente a estos aumentos, el precio en origen, el precio pagado por las empresas distribuidoras y mataderos a los agricultores y ganaderos no han dejado de bajar semana tras semana.
Si los precios de venta al público aumentan y los precios pagados a los agricultores disminuyen, es evidente que son los distribuidores los que están incrementando sus beneficios a costa del perjuicio de productores y consumidores. La organización, ante esta situación, y como se viene afirmando en los últimos tiempos, considera que el principal aliado de los consumidores son los propios agricultores y ganaderos, y no los distribuidores.
Por todo lo anterior, la UPA-PV propondrá en el próximo curso político la aprobación de una Ley de márgenes comerciales, que limite estas actuaciones. Además, en los próximos días, como primera medida, la organización va a mantener una entrevista con el Fiscal General del Estado para hacerle llegar un informe que recoge estas dificultades existentes entre precios en origen y en venta y solicitarle que la fiscalía inicie una investigación sobre la política de fijación de precios de las grandes cadenas de distribución comercial y los escandalosos abusos de la distribución comercial.