El Grupo Municipal de EUPV-Els Verds en el Ayuntamiento de Ibi anuncia su disconformidad con la postura adoptada por el equipo de gobierno en relación a la planta de almacenamiento y reciclaje de residuos peligrosos y no peligrosos que la empresa ACTECO pretende instalar en Ibi.
A juicio José Vicente Verdú Gisbert, portavoz del Grupo, hay múltiples motivos para cuestionar el proyecto, tanto en la forma como en el fondo. En la tramitación del procedimiento, según este Concejal, se han cometido algunos errores, pero los motivos más importantes de su oposición se basan en cuestionar su idoneidad desde varios puntos de vista.
La empresa ACTECO inició hace meses la tramitación de un complejo procedimiento administrativo en la Consellería de Medio Ambiente, en el que son preceptivos una serie de informes, el del Ayuntamiento de Ibi entre otros, previos a la concesión de la necesaria Autorización Ambiental Integrada. Este procedimiento ha sido sometido a un trámite de información pública y parece ser que las únicas alegaciones presentadas en su contra han sido firmadas por José Vicente Verdú Gisbert.
En su escrito Verdú ha incluido hasta un total de 10 motivos por los que la planta no debería ser autorizada, algunos de ellos apoyados en los informes emitidos por los propios técnicos municipales, otros referidos a los aspectos más preocupantes (producción de ruidos, emisión de partículas a la atmósfera, riesgo de contaminación, producción de olores, etc.) y otros relacionados con la idoneidad del emplazamiento previsto.
En opinión del Concejal de EUPV en el consistorio ibense, resulta incomprensible que el Ayuntamiento de Ibi haya emitido un informe de compatibilidad urbanística cuando el propio PGOU excluye expresamente la posibilidad de instalar industrias definidas como potencialmente peligrosas en la zona donde está prevista la instalación (C/ Zamora, en el Polígono LAlfaç III).
Con todos estos antecedentes el Concejal no entiende la propuesta que el equipo de gobierno ha planteado en la Comisión de Urbanismo, pues se propone adoptar un acuerdo plenario favorable a la instalación de la planta pese al evidente riesgo de contaminación ambiental.