las 11, 30 de hoy y bajo la presidencia del Presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, el Conseller de Bienestar Social, Juan
Cotino, ha firmado con los representantes sociales de centros de
atención a la dependencia un protocolo por el que diversas entidades,
mayoritariamente privadas, ponen a disposición de la Generalidad un
importante número de plazas con el fin del que el Gobierno Valenciano
pueda cumplir las exigencias de la nueva ley nacional de la
dependencia ante la grave carencia de plazas públicas en la
Generalidad Valenciana.
Juan García Sentandreu en la representación que ostenta en el sector
de la atención y empleo social a la discapacidad y, en especial, en
nombre de la Asociación Prodisminuídos Psíquicos de Enguera y Comarca
firmó uno de los protocolos con el Conseller, Juan Cotino.
El acto lo cerró el Presidente Camps que agradeció a todas las
entidades y empresas el trabajo que realizan a favor de las personas
dependientes y las facilidades que se han dado al Gobierno valenciano
al poner a su disposición un importante número de plazas
residenciales.
De esta manera la Generalitat ha recurrido a la contratación por medio
de la formula de concierto plurianual con las asociaciones y entidades
privadas afectadas que son las que titularizan la mayor parte de las
plazas de asistencia, residencia y atención a la discapacidad.
La falta de plazas públicas y la escasa inversión de la Generalidad en
este sector, así como la exigencia legal de dotar a la ciudadanía
dependiente de los recursos sociales ha hecho que el Gobierno
Valenciano acuda al sector privado para poder cumplir la ley.
La ley de dependencia, publicada el 1 de Enero del 2007 fue aprobada
por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno de la
Nación. El objetivo de esta futura
ley consiste en crear el Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD) con el fin de promover la autonomía personal y
garantizar la atención y protección a las personas en situación de
dependencia en todo el territorio español, con la colaboración y
participación de todas las Administraciones Públicas.
Gracias a la Ley de Dependencia, entre 2007 y 2015, las personas
dependientes podrán exigir los servicios que requieran en función de
su nivel de dependencia: teleasistencia, atención domiciliaria,
cuidadores, centros de día y de noche, residencias, etc.
Según el Libro Blanco, en España hay 1,1 millones de personas con
dependencia grave o severa y 1,6 millones necesitan algún tipo de
ayuda para realizar labores cotidianas.