El vicepresidente tercero y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, destacó que su departamento invertirá un total de 2.598.823 euros hasta 2010 para la construcción de una residencia y Centro de Día en la localidad alicantina de Petrer, para personas con discapacidad física gravemente afectadas, según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado.
Cotino realizó estas declaraciones tras firmar un convenio de colaboración con el presidente de la Federación de Asociaciones de Discapacitados de la provincia de Alicante (Cocemfe-Alicante), Antonio Ruescas, para la financiación de la construcción de una residencia y Centro de Día en Petrer.
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El titular de Bienestar Social destacó que uno de los objetivos «prioritarios» de la Generalitat es «facilitar a las personas afectadas por algún tipo de discapacidad su integración a través de una política de igualdad de oportunidades».
Al respecto, precisó que esta finalidad «se logra con buena gestión y esfuerzos presupuestarios como el que hemos hecho efectivo». Asimismo, aseguró que la Comunitat Valenciana dispone, en la actualidad, de 225 centros de atención a personas con discapacidad adecuados a sus distintas características.
En este sentido, indicó con la nueva residencia «se cubre un hueco, una necesidad que nos habíamos comprometido a solucionar» ya que, según afirmó, «éste será el primer centro de atención social específico para personas con discapacidad física de la provincia de Alicante, por lo que dispondrá también de servicios adaptados y específicos».
El vicepresidente incidió en que el objetivo «fundamental» de las plazas de Centro de Día es «desarrollar programas que fomenten las capacidades globales de las personas atendidas, procurando su mayor autonomía», mientras que las plazas residenciales pretenden «favorecer la integración de los usuarios, proporcionando una atención continuada, personal y multidisciplinar».
Cotino manifestó su «compromiso» de continuar «sumando esfuerzos, tanto el de las asociaciones, como el de las administraciones locales, de la administración autonómica y del Gobierno Central» porque, a su juicio, las personas con discapacidad «necesitan que la sociedad en su conjunto colabore en mejorar su calidad de vida y la de sus familias».