La villenense Esther Esquembre, presidenta de la Federación para la Defensa y Protección de los Animales en la Comunidad Valenciana, participó en varias de las ponencias.
Las asociaciones de protección de los animales de la Comunitat Valenciana reclamaron el viernes un cambio normativo que endurezca las sanciones por abandono y maltrato de animales domésticos. Primero reclaman una normativa nacional que sirva de marco para las autonómicas y en segundo lugar piden a la Generalitat que modifique y mejore la ley de 1994 sobre esta materia.
La petición de las asociaciones se formuló el viernes durante unas jornadas organizadas por Los Verdes del Parlamento Europeo en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia. Allí se reunieron especialistas de distintos ámbitos para abordar la problemática de los animales domésticos, la mascotización de los animales exóticos, la experimentación animal, la tortura en fiestas y tradiciones o el maltrato animal en la producción de carne.
Según explicó Esther Esquembre, presidenta de la Federación para la Defensa y Protección del Animal en la Comunitat Valenciana, las administraciones locales y autonómica no están comprometidas con la defensa de los animales, un compromiso que debe empezar por aplicar con todo rigor la ley de 1994 y además cambiar esta norma para mejorarla.
A su juicio, el principal problema son las perreras, unos servicios que han sido privatizados y que se limitan a cumplir la legalidad sin ningún compromiso ético. A su juicio, son simples «centros de exterminio» entre los que destaca la Pinada de Lliria, entidad privada con la que tienen convenios varios ayuntamientos de la zona y que para colmo no dispone, dice, de licencia para recoger animales.
En su opinión, estos servicios deberían estar en manos de organizaciones comprometidas que eviten los sacrificios, algo así como el convenio que tienen el Ayuntamiento de Valencia con la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Para ello, añade, hacen falta leyes más rigurosas como la catalana que prohíban estas muertes, la exhibición etc.
Por su parte, Emilia Pastor, presidenta de la asociación Arcadys, pidió una ley de ámbito nacional que sirva de marco para las normativas autonómicas y unifique criterios, siempre más restrictivos de los que se utilizan actualmente. Desde la Asociación Galgos Sin Fronteras se recordó, por ejemplo, que cada año se matan 50.000 de estos animales en España, muchos de ellos en la Comunitat, una situación que debería detenerse prohibiendo este tipo de caza y convirtiendo al galgo en animal de compañía.
Animales exóticos
Otro de los aspectos en los que es necesaria una mayor implicación de las administraciones es el de los animales exóticos, animales convertidos en mascotas para los que reclaman un protección especial que empieza por evitar su tráfico ilegal. Desde el Instituto Jane Goodall se aseguró que el puerto de Valencia es uno de los puntos de entrada de estos animales, entre ellos chimpancés, que es su área de trabajo más específica.
Fuente: José Parrilla en el Diario Levante-EMV: