El defensor del pueblo valenciano ha fallado a favor de las asociaciones El Moralet y Nuevo Moralet, que se quejaron de que no se cumpliera el acuerdo plenario municipal aprobado por mayoría en noviembre de 2018 para desmantelar y demoler las instalaciones y edificaciones ilegales que ocupan una parcela municipal de la partida rural de El Moralet, calificada en su mayor parte como suelo protegido de rambla, en concreto el denominado recinto de la vaquilla. La declaración institucional, presentada por Miguel Ángel Pavón, fue aprobada por 15 votos a favor (PSOE, Guanyar, Compromís y Nerea Belmonte), 9 en contra (PP y Fernando Sepulcre) y 5 abstenciones (Ciudadanos).
La corporación municipal reconocía en uno de sus escritos no haber entendido necesario desmantelar las instalaciones, lo que ha permitido poder autorizar de nuevo este año los festejos celebrados este verano. Ahora, el Síndic de Greuges le recomienda que se adopten todas las medidas que sean necesarias para ejecutar el acuerdo aprobado por el pleno.
La representante de los vecinos y presidenta de Nuevo Moralet, María López Medel, considera que el pleno, al ser el órgano de máxima representación política de la ciudadanía en el gobierno municipal, tiene la obligación democrática de acatar los acuerdos tomados en él y dar cumplimiento a lo que él en se decida, y no adoptar una decisión contraria en junta de gobierno como en este caso. El Síndic puntualiza en su escrito que los vecinos no cuestionan la tradicionalidad ni legalidad del festejo, sino el uso de una parcela pública de rambla donde está instalado permanentemente un recinto taurino sin autorización y para el que el Ayuntamiento ha acordado en dos ocasiones su derribo.
Además, en su dictamen, José Cholbi echa en cara al consistorio su silencio administrativo al recurso presentado por los vecinos en julio de 2018, instándole a dar respuesta, ya que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo las solicitudes y recursos de los ciudadanos, por ser una práctica que genera en los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material, proscritas en la Constitución Española.
Además, insiste en que las inundaciones en la Comunitat Valenciana constituyen el riesgo natural e inducido que mayor número de daños, tanto en vidas humanas como en bienes, ha causado a lo largo de la historia y en ese sentido, recomienda a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana que, a la vista de los escritos presentados por los autores de la queja, se asegure, con carácter previo a la autorización de los festejos de bous al carrer, que se respetan específicamente las limitaciones al uso del suelo por el riesgo de inundación exigidas por el PATRICOVA.
Las entidades vecinales exigían la demolición inmediata del recinto taurino levantado ilegalmente en suelo municipal, con arreglo al Presupuesto de 2018, que contempla una partida de 10.000 para ese fin, y el estricto cumplimiento de su propio Plan General de Ordenación Urbana que prohíbe las edificaciones en esa parcela, así como el PATRICOVA que no permite actos con público en la misma.
Ahora las administraciones disponen de un mes para comunicar si aceptan la recomendación o, de lo contrario, manifestar sus razones para no aceptarla.