La Guardia Civil ha destapado una trama de construcciones ilegales en diversas partidas rurales de Alicante, en el marco de la operación Urbanitas, que ha culminado con 64 personas investigadas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. En algunos casos, también se les imputan delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
La investigación, desarrollada por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante, forma parte de las actuaciones del SEPRONA destinadas a garantizar un desarrollo urbanístico sostenible en la provincia.
El operativo se inició en octubre del pasado año, tras denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, además de irregularidades detectadas de oficio por los agentes. Las pesquisas se centraron en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent, donde se habían detectado parcelaciones y edificaciones ilegales sobre suelo rústico no urbanizable.
Durante la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo más de 70 inspecciones y comprobó que muchas de las construcciones estaban situadas incluso en zonas de rambla, donde la ley prohíbe expresamente la división del terreno o cualquier tipo de edificación.
Los agentes descubrieron un modus operandi basado en la intermediación ilegal: los sospechosos actuaban entre los propietarios de terrenos y los compradores, llegando en algunos casos a revender parcelas tras dividir las fincas originales en pequeños lotes. Los compradores, engañados mediante contratos privados de compraventa, adquirían un porcentaje del terreno sin una localización exacta, quedando así expuestos a todas las responsabilidades legales y urbanísticas.
De los 64 investigados —39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años—, tres habrían actuado como intermediarios. Además de los delitos urbanísticos, algunos están acusados de falsificar documentos para engañar a la Administración y de defraudar a Hacienda durante las operaciones de compraventa.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, mientras que las posibles infracciones urbanísticas se han puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Estas podrían derivar en sanciones económicas, demoliciones e incluso en el corte de suministros básicos como agua, luz, gas o telefonía.
La Guardia Civil ha recordado que adquirir viviendas construidas de forma ilegal en Alicante supone un riesgo grave: desde la pérdida total del valor invertido en caso de demolición, hasta sanciones, daños materiales por inundaciones, inseguridad jurídica o la imposibilidad de acceder a servicios esenciales.
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