La concejal del Partido Popular, María José Hernández, ha vuelto a alzar la voz ante lo que califica como una “situación crítica e insostenible” en el Palacio Consistorial de Villena. El histórico edificio municipal permanece cerrado desde 2018 y las obras de rehabilitación, que apenas han alcanzado un 6 % de ejecución, están completamente paralizadas desde el mes de junio, sin fecha a la vista para su reanudación.
Según recuerda Hernández, fue a raíz de las denuncias públicas del PP cuando el propio concejal de Urbanismo, el socialista Javier Martínez, admitió el parón de los trabajos y las fuertes discrepancias entre la empresa adjudicataria y la dirección facultativa, un enfrentamiento técnico que mantiene el proyecto bloqueado y el edificio sumido en la incertidumbre.
La concejal popular cifra ya en más de 200.000 euros el coste acumulado de este “despropósito”, sumando subvenciones perdidas, alquileres de inmuebles y modificaciones del proyecto original. Solo en ayudas públicas, Villena ha dejado escapar tres subvenciones, por un valor conjunto cercano a 980.000 euros, que podrían haber aliviado la carga económica de la rehabilitación.
A este quebranto se añade el encarecimiento progresivo de la obra. El presupuesto inicial ha tenido que ampliarse por el aumento del precio de los materiales, con un primer modificado en torno a los 60.000 euros ya aprobado. Ahora, el nuevo desfase económico ligado a la intervención en las vigas podría dispararse, según reconoció el propio responsable de Obras, entre 20.000 y 700.000 euros adicionales, en función del criterio técnico que finalmente se imponga. Es precisamente en este punto donde se ha producido el choque frontal entre la empresa y la dirección de la obra.
Mientras tanto, el interior del Palacio Consistorial ha quedado en una especie de “tierra de nadie”: catas arqueológicas abiertas, muros parcialmente demolidos y estructuras a la vista. Hernández advierte de que este estado de abandono multiplica el riesgo de humedades, filtraciones y deterioro acelerado del inmueble, lo que podría encarecer aún más una futura intervención. Por ello, el PP ha anunciado que solicitará por escrito un informe urgente a la dirección facultativa para evaluar si los trabajos ejecutados hasta ahora han perjudicado la conservación del edificio.
El problema, sin embargo, no es solo patrimonial y económico. La paralización de la obra está provocando, según denuncia la edil popular, un auténtico “rompecabezas administrativo” para la ciudad. Con el Palacio Consistorial cerrado, los servicios municipales se encuentran dispersos en hasta 15 ubicaciones distintas, como la Casa Palao, el edificio Colache, la Casa de Cultura o el propio Centro de Mayores.
Solo el alquiler del inmueble de la plaza de Santiago, donde se ubican la conserjería y los despachos de los grupos políticos, supera ya los 50.000 euros, una cifra que seguirá incrementándose mientras el Ayuntamiento continúe “desmembrado” por la ciudad. Esta situación, insiste Hernández, repercute directamente en la atención a la ciudadanía y en el trabajo diario de los funcionarios, que deben moverse entre sedes provisionales y espacios adaptados a última hora.
El impacto también se deja notar en los mayores de Villena, que llevan más de una legislatura sin poder utilizar con normalidad muchas de las dependencias del Centro de Mayores de la Plaza Mayor, ocupado ahora por distintos departamentos municipales desplazados del Palacio Consistorial.
Ante este escenario, el Partido Popular habla ya de un “grave perjuicio económico, patrimonial y social” para Villena y exige una solución inmediata. Hernández reclama transparencia, plazos claros y un calendario real de reanudación de las obras para evitar que el proyecto quede “parado sine die” y el Palacio Consistorial se convierta, definitivamente, en el gran símbolo del bloqueo y el despilfarro en la ciudad.







