El Pleno de la Diputación de Alicante aprobará mañana viernes de manera definitiva la nueva Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones, un texto con el que la institución provincial pretende reducir la carga administrativa de los ayuntamientos y agilizar el acceso a las ayudas públicas.
La nueva normativa ha sido elaborada en el marco de una comisión de trabajo en la que han participado técnicos de distintos departamentos de la Diputación, así como representantes de todos los grupos políticos, y recoge diversas medidas orientadas a facilitar tanto la solicitud como la justificación de las subvenciones.
La ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno el pasado 8 de octubre, con el respaldo de todos los grupos políticos salvo Vox, y posteriormente se sometió a un periodo de exposición pública. Durante este trámite, únicamente Vox presentó una alegación, en la que cuestionaba aspectos como la autonomía provincial, la igualdad ante la ley o la eficiencia presupuestaria, en relación con la inclusión de referencias a la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, la perspectiva de género y las ayudas de cooperación internacional. Tras el correspondiente informe jurídico, la alegación fue desestimada al no apreciarse vulneración de ningún precepto constitucional.
La aprobación definitiva permitirá implantar avances como la concesión de subvenciones por tramos, de modo que los ayuntamientos que cumplan los requisitos y hayan presentado correctamente la documentación podrán recibir la ayuda sin necesidad de esperar a que finalice el plazo de presentación de solicitudes. “Este sistema permitirá acelerar de forma notable la resolución de las convocatorias y que los municipios dispongan de los fondos con mayor rapidez”, ha señalado la vicepresidenta y diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez.
Otro de los cambios destacados es el refuerzo de la justificación electrónica de las ayudas. Además, en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, se considerará gasto realizado aquel que haya sido objeto de reconocimiento de la obligación, sin que sea necesario acreditar el pago efectivo dentro del plazo de justificación. “Hasta ahora los ayuntamientos debían justificar el pago antes de recibir la subvención; con la nueva ordenanza bastará con el reconocimiento del gasto para poder percibirla y realizar el abono”, ha explicado Sáez.
La nueva normativa introduce también los denominados planes de asistencia, una fórmula que permitirá prestar servicios provinciales sin necesidad de tramitar procedimientos ordinarios completos. De este modo, determinadas ayudas en especie pasarán a gestionarse como planes de asistencia, reduciendo la documentación exigida a los ayuntamientos.
Entre los servicios que se integrarán en este sistema se encuentran el control de la calidad del agua de consumo humano que presta el área de Ciclo Hídrico a municipios de menos de 10.000 habitantes, o la Plataforma de Administración Electrónica dirigida a pueblos de hasta 500 habitantes. En estos casos, la incorporación será permanente y se atenderá por orden de solicitud, facilitando así el acceso continuo a estos servicios.
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