El Ayuntamiento de Villena ha avanzado su intención de presentar una denuncia judicial para esclarecer lo ocurrido durante las obras del Centro de Mayores de la Plaza Mayor, ejecutadas en 2010, ante la posible destrucción del yacimiento íbero localizado en este enclave del casco histórico.
El concejal de Gestión y Disciplina Urbanística, Javier Martínez, ha explicado que las investigaciones realizadas por los servicios municipales apuntan a que la obra incorporó un sótano que no figuraba en la autorización inicial concedida por la Conselleria de Cultura y Patrimonio. Este cambio de proyecto, según el actual equipo de gobierno, se habría ejecutado sin la preceptiva autorización, pese a tratarse de un entorno protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).
Los restos arqueológicos afectados corresponderían, según las primeras valoraciones, a estructuras de origen íbero, posiblemente datadas en torno al siglo IV antes de Cristo, que podrían estar relacionadas con el origen del asentamiento de Villena. El Ayuntamiento considera que la vía judicial es necesaria para determinar si se vulneró la normativa de protección del patrimonio y si existen responsabilidades administrativas o políticas.
La postura del Partido Popular
Desde el Partido Popular, la exconcejala de Urbanismo María José Hernández ha negado cualquier irregularidad en la gestión del proyecto. Según ha manifestado, las excavaciones arqueológicas se iniciaron en 2009 con autorización de Patrimonio y se ampliaron durante varios meses debido a la importancia de los hallazgos, sin que existieran informes técnicos desfavorables ni advertencias por parte de la Conselleria.
Hernández sostiene que la modificación del proyecto para incluir una planta sótano fue aprobada en febrero de 2010 por la Junta de Gobierno Local, tras detectarse problemas geotécnicos en el terreno, y que esta decisión contó con informes técnicos y fue conocida por los órganos municipales. Asimismo, recuerda que los distintos grupos políticos tuvieron acceso a la documentación y que los hallazgos fueron comunicados públicamente.
Excavaciones y tramitación posterior
Otro de los puntos de discrepancia entre ambas partes se centra en la tramitación de las memorias arqueológicas. Desde el PP se indica que la memoria definitiva se concluyó en 2012, cuando ya no gobernaban, y fue remitida a la Conselleria por el gobierno municipal posterior sin que se produjeran objeciones en ese momento. En 2015, Patrimonio emitió un requerimiento administrativo relacionado con los plazos de la excavación, que fue atendido por el Ejecutivo de entonces.
El actual equipo de gobierno considera que estos antecedentes no excluyen la necesidad de esclarecer si se actuó conforme a la normativa vigente en un enclave de alto valor patrimonial.
A la espera de que se concrete la presentación de la denuncia, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de que sea la Justicia la que determine si las obras del Centro de Mayores se ajustaron a la legalidad y si se produjeron daños irreversibles al patrimonio arqueológico de la ciudad.
