La Diputación de Alicante alerta del riesgo para el trasvase tras la nueva decisión del Ministerio de Transición Ecológica

Ana Serna denuncia que el aumento del caudal ecológico previsto para 2026 amenaza la agricultura y el empleo en la provincia

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha expresado su preocupación ante la nueva elevación del caudal ecológico del río Tajo aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica para el año 2026, una medida que, según ha advertido, “supone un nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura y pone en peligro su continuidad”.

Serna ha criticado que esta decisión se haya adoptado, una vez más, “de forma arbitraria y sin ningún respaldo técnico ni científico”, lo que, a su juicio, vuelve a castigar a la provincia de Alicante y al conjunto del sureste español. “El Gobierno de Pedro Sánchez está tomando decisiones que comprometen seriamente la economía de una provincia que es la cuarta más poblada de España y la quinta en aportación al PIB nacional”, ha señalado.

La vicepresidenta ha recordado que, además del incremento del caudal ecológico, el Ejecutivo central prevé modificar las reglas de explotación del trasvase, lo que supondría una reducción drástica de los caudales trasvasables. “Estas medidas podrían significar, en la práctica, el fin de una infraestructura esencial para la agricultura, el empleo y el desarrollo económico de nuestra provincia”, ha advertido.

En este sentido, Ana Serna ha subrayado la importancia del trasvase Tajo-Segura, que aporta 4.000 millones de euros al PIB, genera más de 100.000 puestos de trabajo y representa el 71% de las exportaciones nacionales de frutas y hortalizas. “Las consecuencias del aumento de los caudales ecológicos, la modificación de las normas de explotación y las restricciones al uso de acuíferos serían devastadoras para el sureste español”, ha afirmado.

De no adoptarse alternativas “realistas y eficientes”, Serna ha alertado de que podrían perderse 133.000 hectáreas de regadío, más de 100.000 empleos, cerca de 3.900 millones de euros del PIB y más de 44 millones de árboles, lo que agravaría la degradación del suelo y el avance de la desertificación.

Ante este escenario, la diputada ha reiterado que la Diputación de Alicante seguirá defendiendo el trasvase y los intereses de los regantes y de la industria agroalimentaria. “Desde hace dos años y medio lo hacemos, además, en plena sintonía con la Generalitat Valenciana, con la que compartimos una defensa firme frente a los continuos recortes y decisiones del Gobierno central”, ha concluido.