La Generalitat defiende el trasvase Tajo-Segura y acusa al Gobierno de aplicar una política hídrica “ideológica y contradictoria”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado la política hídrica del Gobierno de España por recortar el caudal del trasvase Tajo-Segura mientras impulsa proyectos de trasvase en países como Marruecos, una situación que ha calificado de incoherente y carente de rigor técnico. Así lo ha manifestado durante su participación en la Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante, donde ha presentado la estrategia del Consell en materia de agua para la provincia.

 

Pérez Llorca ha alertado de que el incremento de los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez supondrá una reducción media de 78 hectómetros cúbicos anuales para la cuenca del Segura, una decisión que, a su juicio, responde más a criterios políticos que medioambientales. En este sentido, ha reclamado que parte del caudal que actualmente se deriva a Portugal pueda destinarse a reforzar el trasvase hacia el sureste español.

Durante su intervención, el president ha trasladado a los agricultores de la provincia de Alicante su agradecimiento por la defensa de un recurso “clave para el desarrollo agrícola, económico y social del territorio”. En el encuentro mantenido con representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), en el que también ha participado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reiterado que el Consell será “un aliado firme” en la defensa del trasvase.

Pérez Llorca ha denunciado que el Ejecutivo central limite los trasvases dentro de España mientras financia infraestructuras similares en otros países. “Si una política de trasvases es negativa desde el punto de vista medioambiental, no puede ser positiva en otros territorios”, ha señalado, insistiendo en que el agua es un bien común que debe gestionarse con equidad y criterios técnicos.

El jefe del Consell ha anunciado que la Generalitat constituirá este año la Mesa del Agua y el Regadío de la Comunitat Valenciana, un órgano que reunirá a instituciones, expertos, universidades, entidades de regantes, administraciones públicas y agentes económicos y sociales. El objetivo, ha explicado, es reforzar una política hídrica basada en el rigor científico y técnico, alejándose de la confrontación ideológica.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de la Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante y ha reafirmado el compromiso del Consell con la defensa de los recursos hídricos que necesita la provincia.

En el marco de la estrategia hídrica para la provincia, Pérez Llorca ha detallado las principales actuaciones que impulsa la Generalitat. Entre ellas, ha destacado los avances en el postrasvase Júcar-Vinalopó, que permitirán un mayor aprovechamiento del agua, un incremento de caudales y una menor sobreexplotación de los acuíferos. Las obras de la margen derecha ya están finalizadas, mientras que en la margen izquierda se ha concluido el tramo I de la fase I, con una inversión de 10 millones de euros, y se ejecuta actualmente la fase II, dotada con 20 millones de euros, cuya finalización está prevista para finales de este año.

El president también ha subrayado los proyectos de reutilización de aguas depuradas destinados a lograr el vertido cero en la bahía de Alicante, con una inversión global cercana a los 300 millones de euros y declarados de interés general del Estado. La Generalitat ha redactado los proyectos y los ha remitido al Gobierno central, ofreciendo además cofinanciar parte de las actuaciones. Estas iniciativas se extienden también a otras zonas como la Marina Baja, Torrevieja y Orihuela.

La estrategia del Consell incluye igualmente medidas para la prevención del riesgo de inundaciones en la Vega Baja, con actuaciones ya en marcha como la protección del Hospital Comarcal de Orihuela mediante balsas y cerramientos, con una inversión de 1,7 millones de euros. A ello se suman proyectos de mayor alcance, como la mejora de la capacidad de desagüe del río Segura en su desembocadura (14,8 millones de euros), la restauración fluvial en Rojales (1,2 millones) y diversas actuaciones en el dique de San Fulgencio, con una dotación de 3,2 millones de euros.

Con esta hoja de ruta, el Consell reafirma su apuesta por una gestión del agua sostenible, solidaria y basada en criterios técnicos, con especial atención a las necesidades de la provincia de Alicante.