La Diputación reclama al Gobierno que suspenda las reglas fiscales y permita usar los remanentes para hacer frente a la crisis de la guerra de Irán

Los populares cifran en mil millones de euros los ahorros bloqueados en la provincia de Alicante

La corporación aprueba, además, la convocatoria de Plan +Cerca 2026 que inyectará 8,8 millones de euros en los municipios de la provincia

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado hoy una moción presentada por el Grupo Popular para solicitar al Gobierno de España la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización en la utilización de los remanentes de tesorería ante las consecuencias socioeconómicas del conflicto de Irán. La propuesta del equipo de gobierno liderado por Toni Pérez, con la que se busca que se autorice a los ayuntamientos y a la propia institución provincial a usar sus ahorros – cifrados en más de mil millones de euros- para impulsar inversiones en los municipios, ha contado con el respaldo de Vox y Compromís, mientras que el Grupo Socialista ha votado en contra.

 

Esta iniciativa ha salido adelante en la misma sesión en la que se ha aprobado por unanimidad la convocatoria del Plan +Cerca 2026 que permitirá inyectar en los 141 municipios de la provincia y tres entidades locales menores más de 8,8 millones de euros.

La vicepresidenta primera, Ana Serna, ha puesto en valor este plan y ha avanzado que, como recoge la moción defendida por los populares, podríamos contar con más recursos para el mismo “si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baja a la tierra y nos permite usar los ahorros de los alicantino y alicantinas”.

En este sentido, la portavoz popular ha recordado que en la anterior legislatura, en la que estuvieron suspendidas las reglas fiscales por el Covid-19 y, posteriormente, por la guerra de Ucrania, “se hizo la inversión más grande en la historia de esta institución gracias a que pudimos utilizar nuestros remanentes, por lo que pedimos al presidente Sánchez que nos deje volver a poder hacer uso de nuestros ahorros”, al tiempo que ha puesto de manifiesto que “a pesar de todas las zancadillas y a pesar de Pedro Sánchez, ahora hemos sido capaces de sacar adelante un Plan +Cerca de 8,8 millones de euros que van a aliviar las arcas municipales en el periodo estival”.

En este mismo sentido, la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha insistido en la “incertidumbre económica” que el conflicto de Irán está generando, afectando a la calidad de vida de los ciudadanos, y ha solicitado que, tal y como se hizo con las anteriores crisis –Covid y guerra Ucrania- se suspendan las reglas fiscales “para poder contar con recursos financieros para impulsar ayudas sociales, apoyo al comercio local y el mantenimiento de servicios públicos.

         Desde los grupos de la oposición, Vox y Compromís han respaldado la propuesta, mientras que los socialistas han señalado que la misma “solo es una excusa para tapar la falta de gestión de esta institución”, denunciando la “falta de planificación” y de “ejecución presupuestaria”.

Otras ayudas

         Durante el pleno también se ha dado el visto bueno a distintas líneas de ayudas, entre ellas dos convocatorias de Ciclo Hídrico que suman 2.300.000 euros en ayudas a ayuntamientos para la realización, reparación, reforma y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento

         En materia de Carreteras, también se ha aprobado el Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial, con 3.419.000 euros; el Plan de Movilidad Peatonal Ciclista, con 792.500 euros, y el Plan Especial de Mejora de Accesos a Municipios, con 43.000 euros.

Bono comercio

         La corporación provincial también ha debatido hoy la moción presentada por el Grupo Popular para la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del programa Bono Comercio. La misma estará integrada por 13 miembros de la corporación (7 por el PP, incluido el presidente, 4 del PSPV, 1 de Vox y 1 de Compromís) y tendrá un plazo máximo de seis meses.

         El grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta moción solicitando, por un lado, un mínimo de seis sesiones, aspecto que ha sido aceptado por el grupo proponente, y, por otro, requiriendo la comparecencia en la misma de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, y de Carlos Mazón, quien ostentó la presidencia de la Diputación durante los años que serán objeto de investigación. También solicitan la comparecencia del presidente actual, Toni Pérez.

         Serna ha aclarado en el pleno que no se podía aceptar esta segunda parte de la enmienda, la relativa a las comparecencias, “porque ello no es competencia del pleno de la Diputación, sino que será la propia comisión que se constituya la que decida quién comparece”.

         Asimismo, la portavoz del equipo de gobierno ha recordado que la tramitación del bono comercio “contó siempre con el respaldo de todos los grupos políticos” y que “cada ayuntamiento decidía desde su autonomía como gestionaba el bono consumo”, así como que las ayudas “estuvieron fiscalizadas en todo momento por el servicio de Intervención tanto del propio ayuntamiento como de la Diputación”.

Otras mociones

         Fuera del orden del día se han debatido otras mociones como la formulada por el Grupo Socialista para garantizar el respeto a la legalidad democrática en el Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar, lo que ha motivado que varios vecinos de la localidad asistieran como espectadores al pleno provincial. Desde el PSOE se ha solicitado la intervención de la Diputación en la designación de un secretario en el consistorio para que pueda convocarse el pleno para abordar la moción de censura presentada por cuatro concejales.

         Al respecto, Ana Serna ha señalado que este asunto no es competente de la Diputación, sino de la Subdelegación del Gobierno, y ha defendido que “en lo que está dentro de sus competencias, la institución provincial ha sido muy diligente”. “Hemos hecho todo lo que podíamos hacer, pero no podíamos extralimitarnos”, ha apuntado la vicepresidenta, quien ha ofrecido detalles del proceder de la Diputación en esta cuestión “siempre desde su ámbito competencial”.

“Nuestro más absoluto respeto por la legalidad democrática, somos conscientes del malestar, pero es un tema judicializado y, por tanto, somos absolutamente respetuosos y esperamos que se resuelva cuanto antes”, ha apuntado Serna, quien ha acusado al Grupo Socialista de utilizar esta situación “para sacar rédito político”.

En este punto, también ha intervenido el presidente Toni Pérez para afear a este grupo su proceder “haciendo política barata y enredando a la gente cuando esta Diputación no es competente en este asunto. “La Diputación tiene su cometido y ha cumplido sobradamente… son otras administraciones en este caso las que tienen que hacer cumplir la ley”, ha afirmado el presidente de la institución, quien no ha mostrado “ningún inconveniente” en remitir a la Subdelegación de Gobierno el expediente con la intervención de la Diputación en esta cuestión tras pedírselo los grupos de la oposición.

El pleno de abril también ha debatido una moción de Compromís para la creación de una línea de subvenciones para la recogida de residuos marinos por parte del sector pesquero, que ha salido adelante tras incorporar una enmienda del Grupo Popular para estudiar la situación y la posibilidad de impulsar estas ayudas.

La propuesta de Vox para el apoyo urgente de la raza de cabra murciano-granadina en la provincia de Alicante afectada por la paralización del transporte internacional, no ha contado, por el contrario, con el respaldo de ningún otro grupo político al entender, entre otras cuestiones, que no era competencia de la Diputación.

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por el Grupo Socialista sobre el servicio TRAMnochador en la línea Dénia-Benidorm, solicitando su mejora y ampliación, ya que desde el equipo de gobierno se ha defendido que ya se está trabajando en ello desde la Generalitat Valenciana.