El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibi ha remitido un escrito a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el que explica las actuaciones realizadas para aprobar el Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Laboral y denuncia el bloqueo político que, según asegura, ha impedido su aprobación definitiva en los plenos celebrados el 7 de abril y el 5 de mayo de 2026.
En el documento, fechado el pasado 6 de mayo, el consistorio defiende que el expediente ha sido tramitado “conforme a derecho” y que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos necesarios. Además, recuerda que el protocolo ha superado todas las fases administrativas previas, incluyendo su aprobación en la Mesa General de Negociación, el visto bueno del Comité de Seguridad y Salud, el dictamen favorable de la Comisión Informativa y una aprobación inicial en sesión plenaria.
El gobierno municipal sostiene que durante la tramitación algunos grupos de la oposición cuestionaron el orden de aprobación entre el Plan de Riesgos Psicosociales y el propio protocolo de acoso laboral. Ante esas dudas, el Ayuntamiento asegura haber consultado a la Inspección de Trabajo, que aclaró que el orden de aprobación de ambos documentos “no constituye impedimento legal para la validez y eficacia del protocolo”.
Pese a ello, el ejecutivo local afirma que la oposición volvió a impedir la tramitación definitiva del expediente en el último pleno al votar en contra de la urgencia del punto, lo que evitó su debate y posterior aprobación.
Desde el equipo de gobierno se advierte de las posibles consecuencias económicas y administrativas que podría afrontar el Ayuntamiento si no se aprueba el protocolo dentro del plazo establecido, después de las advertencias realizadas por la propia Inspección de Trabajo sobre eventuales sanciones.
El escrito también subraya que el ejecutivo municipal ha actuado “con diligencia, responsabilidad institucional y plena voluntad de cumplimiento normativo”, defendiendo que el protocolo es una herramienta “imprescindible” para proteger a los trabajadores municipales y prevenir situaciones de acoso laboral.
Por último, el gobierno local rechaza “el uso político” que, a su juicio, está haciendo la oposición de “un tema tan sensible” y traslada formalmente a la Inspección las circunstancias que, según señala, han impedido hasta ahora la aprobación definitiva del protocolo.
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