La Comisión de Investigación sobre la gestión del programa Bono Consumo de la Diputación de Alicante ha concluido sus trabajos con posiciones muy diferentes entre los grupos políticos que la integran.
La propuesta de conclusiones aprobada por mayoría, impulsada por el Grupo Popular y respaldada por sus representantes en la comisión, sostiene que no ha existido ninguna relación contractual ni mediante convenio entre la Diputación de Alicante y la Cámara de Comercio para la gestión del Bono Consumo. Asimismo, el informe señala que durante los trabajos de la comisión no se han detectado ilegalidades ni irregularidades en la actuación de la institución provincial.
El documento, que ahora deberá ser ratificado por el pleno de la corporación, salió adelante con los votos favorables del Partido Popular, mientras que el PSOE votó en contra y Compromís optó por la abstención.
La presidenta de la comisión y portavoz del Grupo Popular, Ana Serna, defendió que la Diputación se limitó a transferir los fondos a los ayuntamientos, siendo estos los responsables de decidir de forma autónoma el modelo de gestión de las ayudas. Según Serna, la investigación confirma que no existió ninguna vinculación entre la institución provincial y empresas relacionadas con la Cámara de Comercio o Facpyme.
Por su parte, el Grupo Socialista ha criticado duramente el resultado de la comisión, asegurando que el Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta para impedir que se esclarecieran todas las cuestiones relacionadas con la gestión del Bono Consumo.
El diputado socialista Raúl Ruiz considera que la comisión ha concluido sin llegar al fondo de los hechos investigados y denuncia que se limitaron comparecencias consideradas clave por su grupo. Entre ellas, el PSOE ha lamentado que no compareciera el expresidente de la Diputación y actual president de la Generalitat, Carlos Mazón, así como las condiciones en las que intervino el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, sin posibilidad de responder a preguntas de los grupos políticos.
Los socialistas también han cuestionado que las sesiones se celebraran a puerta cerrada, sin acceso para los medios de comunicación ni para la ciudadanía, y han reclamado reforzar los mecanismos de control y transparencia en futuras convocatorias del Bono Consumo.
Con el cierre de la comisión, el debate político sobre este asunto continúa abierto. Mientras el Partido Popular considera que la investigación ha servido para descartar cualquier irregularidad en la actuación de la Diputación, el PSOE sostiene que siguen existiendo interrogantes que no han sido aclarados y que deben depurarse las posibles responsabilidades políticas derivadas de la gestión del programa.
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