La Guardia Civil detecta la venta de vapers a menores en Alicante, Elda y San Vicente del Raspeig dentro de una campaña de inspecciones en la provincia

La Guardia Civil ha detectado irregularidades en la venta de vapeadores y productos con nicotina a menores de edad en distintos puntos de la provincia de Alicante, entre ellos las ciudades de Alicante, Elda y San Vicente del Raspeig, tras una campaña de inspecciones desarrollada en nueve municipios alicantinos. En total, los agentes han levantado acta por 22 infracciones, tanto en establecimientos comerciales como en máquinas expendedoras que carecían de sistemas para impedir el acceso de menores.

La actuación ha sido llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Calpe, dentro de una investigación iniciada en abril de 2025 con el objetivo de reforzar la protección de los menores frente al consumo de vapeadores y otros productos con nicotina, ante el aumento de su uso entre los jóvenes y la escasa percepción del riesgo asociado.

Durante las inspecciones, los agentes comprobaron que nueve establecimientos vendían vapeadores y líquidos con nicotina a menores de edad sin verificar previamente su identidad mediante un documento oficial. Asimismo, localizaron una máquina expendedora sin ningún sistema de control de edad situada a apenas cincuenta metros de un instituto de Educación Secundaria.

En el transcurso del operativo, desarrollado en Alicante, Altea, Benidorm, Calp, Elda, l’Alfàs del Pi, La Nucía, San Vicente del Raspeig y Villajoyosa, también se detectó en un establecimiento de l’Alfàs del Pi la venta de bebidas alcohólicas a menores.

Del total de las 22 inspecciones con resultado de infracción, diez correspondieron a establecimientos dedicados a la venta de vapeadores y doce a máquinas expendedoras que no disponían de mecanismos para controlar la edad de los compradores.

La legislación vigente prohíbe la venta a menores de 18 años de productos que contengan nicotina o que puedan fomentar el hábito de fumar. Las infracciones relacionadas con estas conductas pueden ser consideradas graves, con sanciones económicas de entre 15.000 y 60.000 euros, mientras que las calificadas como muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros, en función de las circunstancias y de la resolución que adopte la administración competente.

La Guardia Civil ha anunciado que continuará realizando controles en este tipo de establecimientos y recuerda a los responsables de los comercios la obligación de comprobar la mayoría de edad de los compradores cuando exista cualquier duda, así como de garantizar que los menores no puedan acceder a productos cuya venta les está expresamente prohibida.