El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana ultiman los trámites para firmar un **convenio de cesión que permitirá al consistorio ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre las Viviendas de Protección Pública (VPP) de la promoción Les Naus, situada en el distrito de La Condomina.
El objetivo de esta medida, amparada en el artículo 53 de la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunidad Valenciana, es evitar la especulación inmobiliaria y aumentar el parque público de vivienda en la ciudad, según ha explicado la concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali.
Con la firma del convenio, el Ayuntamiento podrá incorporar al régimen de protección pública, de forma permanente y sin límite temporal, las viviendas cuyos propietarios soliciten su venta. Esto permitirá recuperarlas y destinarlas a vivienda de protección municipal, reforzando así la oferta pública disponible.
Mientras se formaliza el acuerdo, la Generalitat podrá ceder provisionalmente al Ayuntamiento la opción preferente de compra de los inmuebles de Les Naus cuyos propietarios hayan solicitado o soliciten su venta, facilitando que el consistorio pueda actuar de inmediato.
Este mecanismo se basa en la normativa autonómica que permite a la Generalitat ceder a los municipios los derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto) sobre viviendas de protección pública, para que estos los ejerzan directamente.
La promoción de Les Naus se ha visto envuelta en polémica durante las últimas semanas tras detectarse posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas, lo que ha generado una investigación interna y judicial, además de la dimisión de cargos municipales.
En un pleno extraordinario, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, avanzó que el equipo de gobierno ejercerá “todas las acciones que la ley nos habilite” para recuperar las viviendas que no se hayan adjudicado conforme a derecho, incluyendo el tanteo y retracto y la nulidad de compraventa por fraude de ley si procede.
Además, la polémica sobre Les Naus continúa fuera del ámbito estrictamente municipal: el PSOE ha exigido paralizar otras operaciones urbanísticas en Alicante para evitar “pelotazos” similares, y la Generalitat está ampliando la investigación en casos concretos de adjudicación irregular que podrían llegar a la Fiscalía.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alicante apuesta por una política de vivienda más activa y orientada a la gestión pública, con la intención de devolver al parque social las viviendas de protección que salgan a la venta y evitar la especulación sobre activos residenciales.
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