Barcala ordena inspeccionar “piso por piso” las viviendas de Les Naus y remite los datos del padrón a la Generalitat

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que la Policía Local inspeccionará de manera inmediata todas las viviendas de la promoción de protección pública Les Naus para comprobar “piso por piso” quién reside en ellas y si su ocupación se ajusta a la legalidad.

Barcala ha explicado que ha dado instrucciones para que se revisen una a una las viviendas adjudicadas con el fin de verificar que cumplen los requisitos establecidos. Esta actuación se suma al envío, por parte de la Concejalía de Estadística, de los datos del padrón a la Conselleria de Vivienda, dentro del marco de cooperación entre administraciones y para facilitar la máxima información posible al Juzgado de Instrucción número 5, que investiga el caso.

El alcalde ha reconocido la preocupación generada en la ciudad. “Soy consciente de la alarma social que este escándalo ha provocado; a mí me escandaliza como al que más porque Alicante no se merece esta mancha”, ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que el Ayuntamiento “no ha adjudicado ninguna vivienda de esta promoción”. Según ha aclarado, la adjudicación corresponde a la cooperativa, mientras que el visado del cumplimiento de requisitos compete a la administración autonómica, que ya ha suspendido de empleo y sueldo al funcionario responsable de los visados.

Barcala ha defendido que el equipo de gobierno ha actuado “desde el primer momento” y continuará haciéndolo “con contundencia, celeridad y transparencia”. En este sentido, ha pedido rapidez en la tramitación de los expedientes abiertos a funcionarios y ha informado de que ya se han producido dos renuncias a viviendas en esta promoción, confiando en que se produzcan más.

Para abordar el asunto, el Ayuntamiento constituirá una Comisión del Pleno No Específica, que estará presidida por el vicealcalde Manuel Villar y contará con el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, como vocal. Paralelamente, se está recopilando documentación de las áreas de Patrimonio, Urbanismo, Contratación, Recursos Humanos e Informática.

El alcalde también ha solicitado informes a distintas concejalías y ha exigido conclusiones rápidas para adoptar las medidas necesarias. Además de los expedientes ya abiertos, se ha iniciado otro expediente informativo para esclarecer si pudo producirse alguna irregularidad en el acceso y manejo de información.

Entre las medidas adoptadas o en trámite figuran la petición de un informe a la Tesorería municipal sobre el listado de adjudicatarios, la apertura de un expediente de averiguación de hechos, la denuncia ante la Fiscalía, la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general de Ordenación Interna, así como la apertura de expedientes informativos a dos técnicos.

Asimismo, se ha celebrado un Pleno extraordinario y monográfico sobre el asunto y se ha respaldado la creación de una comisión de investigación. El Ayuntamiento prevé además firmar un convenio con la Generalitat para ejercer el derecho de tanteo o retracto sobre las viviendas que salgan a la venta, ejercer la acción de nulidad en operaciones que se demuestre que se han realizado en fraude de ley e incorporar a la normativa municipal los refuerzos de control que impulse la futura ley autonómica en materia de vivienda pública.

Barcala ha insistido en que el mandato municipal está comprometido con la vivienda como prioridad, destacando que actualmente se impulsan en la ciudad más de 6.000 viviendas, de las cuales un 30% serán de protección pública. “No podemos permitir hechos como los que hemos conocido”, ha concluido.