Los miembros de la corporación provincial se bajarán el sueldo un 10%

El Pleno Ordinario de la Diputación de Alicante correspondiente al mes de junio ha aprobado hoy por unanimidad la rebaja de las retribuciones de los miembros de la Corporación Provincial, que se ha fijado en un 10%.
El presidente de la institución provincial, Joaquín Ripoll, ha presidido hoy la sesión plenaria en la que se ha ratificado este recorte del 10% que afectará a los diputados provinciales, mientras que el personal directivo eventual sufrirá una bajada del 7% y los asesores de los grupos políticos del 5%.
Asimismo, los auxiliares administrativos de los grupos políticos tendrán la misma rebaja que los funcionarios de la Diputación con idéntica categoría. El resto de empleados públicos sufrirán el recorte contemplado en el Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo.
Estas rebajas suponen un descenso total en las retribuciones de los gastos de personal de la Diputación de Alicante de un 5%.
La diputada de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Mª Carmen Jiménez, ha comentado durante la sesión plenaria que “esta iniciativa la traemos hoy al Pleno con el sentimiento y la convicción de que se trata de una medida injusta, insolidaria e ineficaz”.
Jiménez ha explicado que “estas medidas serían innecesarias si se hubiera gobernado la nación de una manera seria y responsable, gestionando los recursos públicos con eficiencia, austeridad y trasparencia, sin abusos ni despilfarros y ajustando a la realidad global las medidas oportunas para paliar los efectos de una crisis mundial que primero se negó, después se intentó neutralizar con medidas populistas y ahora, en menos de una semana, se elabora un decreto que pone en jaque a las administraciones, sobre todo a las locales”.
Las administraciones locales representan sólo el 0,5% del déficit del Estado, que alcanza el 11,4% y que deberá reducirse al 3% en dos años.
El Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo contempla medidas extraordinarias destinadas a reducir el déficit público, entre las que se encuentran las encaminadas a reducir gastos de personal en las administraciones públicas de forma que, con criterios de progresividad, se reduzca la masa del sector público en un cinco por ciento anual.