El portavoz socialista en la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Amorós, exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el cese inmediato de su consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, por los nuevos pasos dados para legalizar una urbanización de 450 viviendas en Castalla a pesar de que no cumple con la legislación vigente, carece de autorización de la Confederación Hidrográfica, vierte aguas residuales y ha sido construida al margen de los permisos municipales, sin que el Ayuntamiento haya tratado de impedirlo. Amorós afirmó que estos comportamientos son los que insultan el buen nombre de los constructores y promotores honrados de esta provincia, porque el PP prima a aquellos que violan, asaltan y vapulean la legislación en cada una de sus actuaciones. Tenemos la obligación moral de defender el buen nombre de muchos empresarios honrados.
González Pons debe ser cesado de manera fulgurante porque se ha convertido en un cómplice necesario en este desmán urbanístico cometido en la segunda fase de la Urbanización Castalla Internacional. Está cooperando en atentar contra el ecosistema y consumando con sello oficial la violación de una ordenación del territorio racional y humano. Todo ello, de la manera más arbitraria posible y en defensa de intereses muy determinados que no responden al interés general, explicó el dirigente socialista.
Amorós recordó que la Conselleria de Territorio y Vivienda se está convirtiendo en el brazo ejecutor de la destrucción de suelo y del incumplimiento sistemático de las leyes valencianas. Según el diputado provincial, es necesario que el Consell aplique el mismo articulado de la Ley Urbanística Valenciana utilizada para dar el golpe de estado perpetrado en Catral, y retirar las mismas competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Castalla.
Amorós recordó que existen actas de plenos en el Ayuntamiento de Castalla donde el propio alcalde, Juan Rico, reconoce que existe la ilegalidad de la segunda fase de Castalla Internacional, Los Campellos II. Además, en ningún momento el PP de Castalla ha abierto expediente de infracción urbanística. Estos hechos son, sin duda, muchos más graves que los ocurridos en Catral, donde sí se abrieron expedientes de infracción, afirmó Amorós.
Lo que debe hacer la Conselleria es poner fin la explotación de un término municipal de tan alto valor ecológico, una de las zonas más bellas de nuestra provincia. Un término, el de Castalla, que de seguir gestionado por el PP acabará siendo un solar, de alquitrán y hormigón. Una pérdida irreparable que llevará los apellidos de Blasco y González Pons, añadió.
Según el portavoz socialista en la Diputación Provincial, es necesario poner fin a un conseller que está creando una inseguridad en el sector, entre los ayuntamientos, y entre los empresarios. Además, está marginando a los ciudadanos porque la política de González Pons da derechos a unos para vivir en viviendas ilegales y a otros no. Unos verán sus viviendas derruidas y otros no. Unos perderán sus ahorros y otros se harán ricos. Esta situación es impropia de una país civilizado, porque la ley debe aplicarse a todos por igual.
Amorós también declaró la necesidad de dar una nueva orientación política en la Conselleria de Territorio y Vivienda para que los trabajadores de este organismo no se sientan utilizados y sufran las consecuencias de decisiones que tomen los políticos. Sabemos que hay profesionales en la Conselleria que también son víctimas de decisiones que no comparten, que les producen vergüenza y un malestar profundo cada día que acuden a trabajar dirigidos por un terrorista de territorio como González Pons, concluyó.