Un total de 25 entidades financieras se han reunido hoy con los responsables de la sociedad estatal acuaJúcar a fin de conocer todos los detalles sobre el sistema de financiación del Nuevo Júcar-Vinalopó y poder así optar a la gestión de una operación de crédito por valor de 35 millones de euros para sufragar las obras del nuevo trazado desde el Azud de la Marquesa. La reunión, que se ha celebrado en un céntrico hotel de Alicante, ha contado con la presencia de los representantes de los bancos y cajas más representativos, que disponen ahora de un plazo de 12 días para presentar sus propuestas económicas a la sociedad estatal (hasta el 2 de mayo). Una vez cerrado este crédito, las obras de los nuevos tramos de la conducción (A, B, C, D y E) comenzarán antes del próximo 10 de mayo.
La mencionada operación financiera consiste en la concesión de un crédito por un importe de 35 millones de euros a la sociedad estatal acuaJúcar para sufragar las obras del trasvase, cuyo presupuesto global supera los 300 millones de euros. Este préstamo garantiza la financiación del 11,5% del coste total de esta infraestructura y cierra definitivamente el programa de financiación del Nuevo Júcar-Vinalopó.
Según establece este programa, el nuevo trazado se financia a tres bandas: un 40% con fondos procedentes de la Unión Europea, un 49% con fondos propios de la sociedad estatal y el 11% restante con fondos de acuaJúcar obtenidos a través de una operación de crédito formalizada con una o varias entidades bancarias. La sociedad estatal acuaJúcar ha puesto en marcha durante los últimos meses estas tres líneas de financiación, lo que ha hecho posible la obtención de una subvención comunitaria de más de 120 millones de euros (fondos FEDER), así como la aprobación de diversas ampliaciones del capital destinadas a financiar las obras del nuevo Júcar-Vinalopó (aproximadamente 100 millones de euros repartidos entres los ejercicios de 2006, 2007 y 2008).
Por otro lado, esta sociedad estatal ha suscrito un convenio de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que establece la participación de esta institución en la recaudación de las tarifas de amortización de la obra. En virtud de este convenio, la CHJ se convierte en intermediaria entre acuaJúcar y los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua, a los que cobrará los correspondientes cánones de explotación. La CHJ se compromete, asimismo, a abonar a acuaJúcar las tarifas de amortización del trasvase durante los 50 años de vigencia del convenio, lo que permitirá a esta sociedad estatal recuperar la inversión realizada, tal y como establece la Directiva Marco del Agua.
Con respecto a la reunión celebrada hoy en Alicante el consejero delegado de acuaJúcar, José Mª Marugán, ha destacado que la nutrida presencia de representantes de las entidades financieras en la reunión demuestra el interés de bancos y cajas de ahorro en una infraestructura estratégica para la provincia de Alicante. Según Marugán, el sistema de financiación del Nuevo Júcar-Vinalopó es mucho más beneficioso que el anterior y ofrece las máximas garantías, por eso las entidades de crédito se han mostrado muy interesadas a la hora de participar en el proyecto. El consejero de acuaJúcar recuerda, asimismo, que la gestión de este crédito es el último paso para cerrar en firme el programa financiero del nuevo trazado, que quedará resuelto en cuestión días, de forma paralela al inicio de las obras.
Los usuarios solo pagarán el agua cuando la reciban
Marugán señala además que el esquema económico del Nuevo Júcar-Vinalopó beneficia principalmente a los usuarios, que solo pagarán el agua cuando la reciban, y no como sucedía anteriormente, cuando se veían obligados a hipotecar sus tierras para financiar las obras. Además, el nuevo proyecto es el único que garantiza 80 Hm³ de agua al año para la provincia de Alicante, lo que se traducirá en agua a un precio más competitivo; concretamente, 0,19 /m³ para el año 2009. Por último, el consejero de acuaJúcar recuerda que el nuevo sistema de financiación del Júcar-Vinalopó supone también más beneficios para nuestro medio ambiente. El actual proyecto contempla un sistema de tarifas que premia a aquellos usuarios que dejen de extraer agua de los acuíferos subterráneos, lo que facilitará su recuperación, concluye Marugán.