La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se ha pronunciado sobre la investigación judicial abierta por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 y se ha mostrado contraria, por el momento, a imputar al ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al considerar que no existen todavía indicios con suficiente solidez para atribuirle responsabilidad penal directa.
El informe del Ministerio Público responde a la exposición razonada enviada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que instruye la causa. La magistrada planteó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) asumiera la investigación al apreciar posibles indicios de delito en la actuación de Mazón durante la gestión de la emergencia, ya que el dirigente está aforado como diputado en Les Corts Valencianes.
Sin embargo, la Fiscalía considera que los datos recopilados hasta el momento no permiten concluir que Mazón diera órdenes directas o instrucciones concretas relacionadas con la gestión operativa de la emergencia, por lo que entiende que no se cumplen aún las condiciones necesarias para su imputación.
Por este motivo, el Ministerio Público ha solicitado al TSJCV que devuelva la causa al juzgado de Catarroja para que continúe la investigación y se sigan practicando diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido durante la riada.
No obstante, la Fiscalía también señala que esta posición no descarta que pueda producirse una imputación en el futuro, ya que durante la instrucción podrían aparecer nuevas pruebas, testimonios o documentos que determinen una posible responsabilidad penal del ex presidente autonómico.
La jueza instructora había planteado investigar a Mazón por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, dentro de una causa que analiza la actuación de las autoridades durante la catástrofe que dejó 230 víctimas mortales y numerosos daños materiales en distintos municipios de la provincia de Valencia.
Entre los aspectos que se investigan se encuentra el retraso en el envío del sistema de alertas a la población (ES-Alert) y la respuesta institucional en las primeras horas de la emergencia.
Mientras tanto, la causa judicial sí mantiene como investigados a otros responsables de la gestión de la emergencia, entre ellos la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, cuyas defensas han solicitado el archivo del procedimiento al considerar que no existe relevancia penal en las decisiones adoptadas.
Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el que deberá decidir si asume la investigación sobre el ex presidente o si, como plantea la Fiscalía, el procedimiento continúa en el juzgado de Catarroja mientras se siguen recopilando pruebas sobre la gestión de la DANA.
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