La actual situación de crisis ha provocado que en nuestra comunidad 441.597 personas se encuentren en situación de desempleo. Muchas de ellas ya han agotado su prestación por desempleo, lo que significa que su subsistencia depende de los ahorros familiares, o de la ayuda de la familia. Otras muchas personas, la mayoría jóvenes y/o mujeres, no han cotizado el tiempo suficiente por lo que ahora se encuentran en una situación de desprotección social total ya que no reciben unos ingresos mínimos mensuales.
El incremento del número de personas que se encuentran en esta situación supone un aumento potencial de la bolsa de pobreza, lo que implica la activación de las políticas autonómicas de rentas mínimas. En nuestra comunidad se aprobó hace un año la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, la cual reconoce el derecho a recibir una cuantía mínima mensual a aquellas personas sin ingresos, o con ingresos mínimos, y que se comprometan a realizar un Plan de Inserción Laboral. Desde la Generalitat Valenciana no se está facilitando el acceso a esta renta, sobre todo debido a la falta de difusión por parte de Conselleria, que hace que la mayoría de la ciudadanía valenciana está completamente desinformada.
Desde la UGT-PV demandamos que la apuesta sea doble. Por parte del Gobierno autonómico la aplicación inmediata de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, que supone un soporte económico para muchas personas en nuestra comunidad que no reciben ningún tipo de ingreso mensual. Además, la Conselleria debe aumentar la publicidad de la existencia de este recurso, explicando a la ciudadanía cuáles son los requisitos para acceder a ella y los centros a los que acudir para su tramitación.
A nivel estatal se debe priorizar la ampliación presupuestaria de la Renta Activa de Inserción, así como la reducción de requisitos para su acceso, ya que esto permitiría a muchas personas que no reciben prestación por desempleo recibir una renta mínima mientras participan en procesos de formación o de búsqueda de empleo.
Desde la UGT-PV exigimos celeridad en la aplicación efectiva de las políticas de rentas básicas de por parte de todas las administraciones competentes, para que ningún ciudadano ni ciudadana valenciana se encuentren en situaciones de pobreza.
