Las sentencias dicen que ni la administración educativa ni tampoco los centros docentes ni profesores se pueden erigir en árbitros de cuestiones morales
La Plataforma que aglutina a las organizaciones de objetores a EpC en Alicante valora las sentencias recién publicadas por el TS como positivas desde el momento en que reconocen que el adoctrinamiento es intolerable. En ellas se desautoriza a la administración, a los centros y a los profesores a inculcar puntos de vista sobre cuestiones controvertidas para la sociedad y posibilita la tutela judicial cuando los proyectos, los textos o explicaciones incurran en propósitos desviados de los fines educativos meramente instructivos. No se puede negar que actualmente en la sociedad hay planteamientos como la cultura de la muerte, la opción de géneros, las orientaciones sexuales, el socialismo como mejor opción política, etc.. que son asuntos de debate abierto en la esfera social sobre los que no existe ni mucho menos una opinión mayoritaria.
Los miembros de la Plataforma consideran que, si bien es cierto que el alto tribunal no admite la objeción como una herramienta frente al adoctrinamiento, no es menos cierto que este punto, no podemos olvidar que ha contado con el apoyo de una parte de los magistrados, es muy controvertido por cuanto se ha admitido recientemente la objeción de conciencia de un policía local de Málaga para no acudir a una procesión. Algo que como poco resulta paradójico. En cualquier caso, la objeción es el medio no el fin. Y este se ha conseguido.
Desde la Plataforma para una Educación en Libertad creemos que, con la introducción de la Educación para la Ciudadanía de la LOE tal como está planteada en los Reales Decretos, el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho. Otra asignatura diferente, que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, posiblemente, deseable.
Lo que si queda demostrado es que nuestro ordenamiento jurídico exige al Estado mantenerse ideológicamente neutral y prohíbe cualquier tipo de proselitismo. Las organizaciones que conforman esta plataforma y que están en sintonía con la asociación Profesionales para la ética, se sienten con más ganas incluso que antes para continuar la batalla a favor de la libertad de educación y los padres que quieran seguir adelante con la defensa de sus derechos fundamentales, sobre todo los de la escuela pública, contarán con el apoyo de la misma.
Con relación a nuestra Comunidad, los padres católicos van a pedir a la Consellería que revise, controle y vigile los libros de texto que se están usando en los centros públicos para impartir EpC.
Plataforma educar en libertad de Alicante.