El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante, reunido esta mañana en la Diputación de Alicante bajo la presidencia de la vicepresidenta primera Ana Serna, centró su debate en el diagnóstico presentado por las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela sobre la situación y los retos de la economía provincial. El informe, defendido por el presidente cameral Carlos Baño y la responsable de Estudios M.ª Carmen Pastor, combina radiografía productiva con un listado de urgencias inversoras y reformas estructurales.
El estudio recuerda que Alicante es la 5.ª provincia en PIB y la 4.ª en población, con una estructura donde el sector servicios alcanza el 72% del PIB —cuatro puntos por encima de la media nacional—, especialmente por actividades inmobiliarias, turísticas y comerciales. La industria pesa el 11% (frente al 16% estatal), la construcción llega al 7% (dos puntos por encima) y el sector primario apenas el 1%.
El documento propone un itinerario de modernización que pasa por:
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Avanzar hacia un modelo turístico sostenible y bien regulado.
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Digitalización e innovación en todo el tejido productivo.
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Mejorar el acceso a la vivienda.
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Impulsar la internacionalización, aumentar el tamaño empresarial y ampliar la disponibilidad de suelo industrial.
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Diversificar mercados para reducir la dependencia geográfica en las exportaciones.
La segunda parte del informe denuncia un déficit histórico de inversiones estatales en infraestructuras de transporte. Las Cámaras cifran en más de 4.000 millones de euros el déficit acumulado de los PGE (2008–2024) y calculan una insuficiencia específica de 1.834 millones si se pondera por la aportación provincial al PIB.
Entre las prioridades que plantea el diagnóstico:
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AVE Alicante–Valencia.
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Línea Alcoy–Xàtiva.
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Eje Alicante–Elche–Murcia.
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Corredor Mediterráneo y Tren de la Costa.
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Ampliación del aeropuerto.
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Estación término de Benidorm.
El estudio también aborda los recursos hídricos: mantener el trasvase Tajo–Segura, impulsar la reutilización y la depuración avanzada, desalar con energías renovables y alcanzar un Pacto Nacional del Agua que dé estabilidad y evite conflictos territoriales.
Tras la presentación, los agentes sociales y económicos del CES expusieron sus valoraciones —que deberán formalizar por escrito—, poniendo el foco en la regulación del turismo, el acceso a la vivienda y la necesidad de integrar la perspectiva de la discapacidad y la movilidad reducida en las políticas públicas.
Conclusión: El CES convierte el diagnóstico de las Cámaras en una hoja de ruta: cerrar la brecha inversora, reindustrializar sin renunciar al liderazgo en servicios y asegurar el agua como palancas para sostener el crecimiento y el bienestar en la provincia de Alicante.