La Diputación de Alicante pone en marcha la comisión de investigación del Bono Comercio

La Diputación de Alicante ha constituido la Comisión de Investigación sobre la gestión del programa Bono Comercio, aprobada en el pleno del pasado 1 de abril con el apoyo de todos los grupos políticos de la institución. El órgano, que se ha creado para aclarar el desarrollo administrativo, el control y la aplicación de estas ayudas, estará integrado por 13 diputados con representación de PP, PSPV, Vox y Compromís.

Aunque la comisión ya es una realidad, solo el Grupo Popular ha remitido formalmente los nombres de sus representantes, mientras que el resto de grupos de la oposición ha registrado sus designaciones con cierto retraso. El PP comunicó sus siete miembros —incluidas figuras como Ana Serna y Carmen Sellés— el mismo día de la aprobación.

Posturas enfrentadas sobre la comisión

Desde el equipo de gobierno del PP se ha defendido la creación de la comisión como una herramienta para “despejar cualquier duda sobre la ejecución de los bonos comercio”, subrayando que la gestión impulsada por la institución fue “transparente y ajustada a la legalidad”. La vicepresidenta primera, Ana Serna, ha insistido en que todos los expedientes han estado disponibles para consulta desde su aprobación y que el proceso de entrega de ayudas a los ayuntamientos siguió bases respaldadas por unanimidad.

El PP también ha señalado que la decisión de quién debe comparecer en la comisión corresponde al propio órgano, y no al pleno, rechazando en el pleno extraordinario las enmiendas del PSOE para forzar la comparecencia de figuras como el presidente de la Cámara de Comercio o el propio presidente de la Diputación durante la tramitación.

Reivindicación de transparencia y criterios equitativos

Por su parte, el Grupo Socialista ha designado a sus cuatro representantes (Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro Pastor y Verónica Giménez) y ha defendido que la comisión se rija por criterios equitativos de comparecencia. Los socialistas han reclamado que los alcaldes de municipios que gestionaron el bono, independientemente de su partido, tengan la misma obligación de comparecer para explicar su gestión, y han advertido contra un uso partidista del órgano.

La oposición también ha insistido en que la comisión debe comenzar sus trabajos una vez se haya analizado previamente toda la documentación solicitada y no solo con declaraciones voluntarias, como la del presidente de Facpyme —Carlos Baño—, que ha manifestado su intención de comparecer pese a no haber sido incluido expresamente en las propuestas de comparecencia del pleno.

Contexto de la investigación

La comisión se crea en el contexto de una investigación judicial abierta por la Fiscalía Anticorrupción, tras la denuncia de posibles irregularidades en la gestión del Bono Comercio en municipios de la provincia durante los años 2022 y 2023, que ha llevado a la detención y puesta en libertad con cargos de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme. La Policía ha estimado preliminarmente un presunto fraude económico en torno a unos 100.000 euros relacionados con la gestión de estas ayudas.

Próximos pasos

Presidencia de la Diputación ha instado a los grupos que aún no han registrado a sus representantes a formalizar sus aportaciones para que la comisión pueda convocarse cuanto antes. El órgano tendrá un plazo máximo de seis meses para desarrollar sus trabajos, con al menos seis sesiones, abordando no solo la tramitación sino también el diseño de los mecanismos de control aplicados durante la ejecución del programa