Izquierda Unida de Elda y Petrer presentamos la semana pasada una demanda contra el Subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez Díaz por las identificaciones y el registro, que desde nuestro punto de vista fueron ilegales e indiscriminadas, que tuvieron lugar el pasado jueves 10 de enero de 2013 en Elda, en una reunión convocada por parte de la Plataforma de afectados por las Hipotecas conjuntamente con el Movimiento Toma La Plaza de Elda-Petrer.
El coordinador de Izquierda Unida de Elda Javier Rivera Riquelme y el concejal de Izquierda Unida de Petrer Javier Martínez Salcedo registraron en el Juzgados de Instrucción nº1 de Elda una denuncia contra Alberto Martínez Díaz y contra todas aquellas personas que de forma directa o indirecta hubieran tenido participación en las identificaciones y registros que se dieron en el Centro Social Andrés Navarro de Elda, el pasado 10 de enero, por el supuesto delito cometido por autoridad o funcionario público contra la Constitución y los derechos fundamentales individuales.
En esta demanda, primero se explica que había convocada una reunión de los dos colectivos, la Plataforma Afectados por la hipoteca y el colectivo Toma la Plaza, a las 20:30 h. del jueves 10 de enero en el citado Centro Social y que el local estaba solicitado legalmente para llevar a cabo reuniones de ese tipo, todos los jueves de manera permanente por la Plataforma 07 de Elda-Petrer que lo compartía y comparte con las otras organizaciones indicadas con anterioridad.
En segundo lugar en la demanda se precisa que la actuación policial llevada acabo por parte de dos policías de paisano, que entraron en una sala donde se estaba produciendo una reunión privada de dos colectivos sociales, tenía como única finalidad registrar el local donde se reunían estos colectivos e identificar a todas las personas allí presentes. Estos policías que se personaron en el Centro Social, lo hacían en cumplimiento de las ordenes recibidas por sus superiores de Alicante, los cuales dependen del Subdelegado del Gobierno.
Igualmente en la demanda se expone que las Organizaciones Sociales que estaban reunidas, son conocidas por su carácter pacífico y nunca ha habido queja alguna por parte del resto de usuarios del Centro Social donde se encontraban reunidos. La prueba de ello, es que se viene concediendo de modo habitual y permanente, el uso de dichas instalaciones para debatir cuestiones de las citadas organizaciones sociales.
Por todo esto resulta evidente que el efectivo ejercicio del derecho fundamental a la intimidad pasa por el libre ejercicio de participación en diversas actividades de índole político, sin que el Estado y sus cuerpos policiales tengan por qué conocer la identidad de los participantes en dichas movimientos. Lo contrario, supone una inaceptable opresión de los principios básicos de todo sistema democrático que se precie de denominarse como tal. El Estado no puede ni debe convertirse en un instrumento de fiscalización de la actividad política y de la ideología de sus ciudadanos y menos convertirse en un agente desalentador de la libre participación en la vida política y social de nuestro país.
De todo esto se desprende, según nuestra opinión, una vulneración flagrante e ilícita de los derechos fundamentales de los ciudadanos a la intimidad personal, el derecho a la libre expresión de ideas por cualquier medio, incluida la palabra, el derecho fundamental a no revelar la propia ideología y el derecho fundamental de reunión pacífica, siendo tan graves dichas vulneraciones de derecho que pedimos responsabilidades penales.
Este uno es un hecho aislado; en el marco del estado español nos encontramos con la criminalización continua de la protesta por parte de los diferentes gobiernos. Algunos casos han sido muy sonados como el de un huelguista encarcelado, sin pruebas, en régimen de aislamiento 56 día, la citación por la Audiencia Nacional a una joven por haber citado en un tweet a Antonio Gramsci, un pensador comunista, o el de las 300 personas que fueron identificadas y multadas el #27O, o más recientemente, el detenido en Sevilla por protestar, ante la sede del PP, por los sobresueldos en B de la cúpula del Partido Popular. Estos son solo cuatro ejemplos de los muchos casos que se están dando de detenciones y sanciones por acudir a manifestaciones y concentraciones que protestan contra decisiones que solo benefician a los consejos de administración de bancos y multinacionales.
Mientras esta criminalización de la protesta esta sucediendo, el Partido Popular se esta dedicando ha realizar amnistías fiscales, a las cuales se acogen hasta presuntos delincuentes fiscales como Luis Barcenas, a indultar a delincuentes juzgados y condenados como el kamikaze de Valencia y a tramitar de forma supersónica la repatriación y el tercer grado de un homicida condenado como Ángel Carromero.
Desde Izquierda Unida consideramos que toda esta criminalización de la protesta es una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior, que va encaminada a amedrentar a aquellos que luchamos contra las medidas del Gobierno; para que desistamos de participar en nuevas concentraciones, manifestaciones y reuniones contra los recortes del Gobierno y las políticas de restricción de derechos y de privatización de lo público que está imponiendo el Partido Popular. Por eso desde Izquierda Unida a nivel municipal, de federación y federal, vamos ha realizar todas aquellas acciones, que estén en nuestras manos, para poner freno a estas identificaciones masivas e indiscriminadas, a los registros de locales y para ayudar a recurrir las multas, que pudieran llegar, de las delegaciones y subdelagaciones del gobierno.
Por último cabe denunciar igualmente que en este contexto, las últimas reformas judiciales llevadas a cabo por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que implanta el co-pago, o mejor dicho el re-pago judicial y cuyo objetivo es impedir a quiénes disponemos de menos recursos poder acceder a la justicia, como en este caso, ya que si nos archivan la causa o recurren la sentencia si la hubiera, tendremos que pagar una cantidad desorbitada para continuar luchando por los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Desde nuestra organización nos gustaría invitar a todos los colectivos sociales que entiendan que se han vulnerado sus derechos con este registro e identificaciones, a que se sumen a esta de
