El hecho de que la Generalitat pretenda legislar en materia minera, como recoge un proyecto de decreto de fecha 31 de octubre de 2014, del que casualmente se tuvo conocimiento en el Ayuntamiento de Pinoso, ha hecho que el equipo de gobierno tomara cartas en el asunto y ya se hayan presentado alegaciones para que dicho decreto no vaya en contra de los intereses de Pinoso.
El edil de Montes, José Perea, cree que estamos en un momento importante para el futuro de nuestro pueblo. Hace unas semanas el ayuntamiento presentaba el proyecto de explotación del Monte Coto para continuar con el procedimiento que se inició en 1979 para la obtención de la concesión de explotación de los recursos mineros de la sección C.
Paralelamente hay dos procedimientos en marcha, que en algún momento podrían a llegar a ser hasta contradictorios. Por un lado, los canteros están realizando proyectos de explotación y de restauración de cada una de sus canteras, y lo hacen en conjunto, fundamentalmente a instancias de la sección de Minas de la Dirección Territorial de Energía e Industria en Alicante. El objetivo final que pretenden es intentar legalizar al 100% la explotación de las canteras.
Por otro lado está el proyecto de decreto de la Generalitat. El edil cree que el gobierno valenciano no puede legislar por encima o en contra de los intereses del Ayuntamiento de Pinoso, y aunque no haya nada legislado todavía, al estar sobre la mesa, hemos hecho alegaciones contra ese proyecto de decreto, para que quede constancia de nuestra oposición a su contenido.
Dichas alegaciones se presentaron ante el gobierno valenciano y ante el Consell Consultiu, organismo al que la Generalitat tiene que pedir un informe, no vinculante pero sí preceptivo, de su legalidad. Para ello hemos contratado quizás al mejor especialista que hay en este país en derecho administrativo, que es Santiago Muñoz Machado, y que se ha brindado a colaborar con nosotros. Nos está ayudando y apoyando para salvaguardar lo que entendemos son nuestros intereses legítimos de este ayuntamiento, por tanto de nuestro pueblo.
El decreto no se ha publicado todavía pero el edil comenta que no sabemos si es voluntad del gobierno de la Generalitat sacarlo adelante antes que acabe la actual legislatura o no. Creemos que probablemente las actuaciones del ayuntamiento hayan frenado esa iniciativa.
Respecto de la iniciativa de los explotadores de las canteras, entendemos que es lógica y legítima, y nosotros vamos a ayudar y a colaborar en todo lo que podamos para que obtengan eso que pretenden, la legalización total de las explotaciones. Claro que tenemos que estar vigilantes para que esa legalización no pase por encima de los intereses de Pinoso y su ayuntamiento. Estamos teniendo una actitud colaboradora, constructiva, pero siempre salvaguardando los intereses del ayuntamiento de Pinoso.
La titularidad del monte es del Ayuntamiento de Pinoso, su propietario. Lo único que está en cuestión es el asunto de los derechos mineros de explotación de las canteras. Esos derechos, Minas no los quiere para nada, entre otras cosas porque no puede ejercer nada en ese sentido. La ley de Minas del año 1973 establece claramente que los recursos mineros de este país son propiedad del Estado, y que la explotación de esos derechos mineros la realizarán empresas privadas o públicas por concesión del Estado. Esas competencias de concesión han pasado a las comunidades autónomas, pero la Generalitat (Minas) no puede quedarse esos derechos, porque a ellos tampoco les sirven para nada. Dichos derechos solo pueden ser utilizados para aprovechar un recurso minero que está ahí, y nosotros entendemos que esos recursos mineros son del Ayuntamiento de Pinoso, porque los derechos para el ayuntamiento provienen una legislación incluso anterior a la del 73. Aquí había canteras antes de ese año, y entonces se reconocía explícitamente que la explotación de las rocas que se establecía en la ley de 1944 corresponde al titular del terreno donde estaban, en este caso al Ayuntamiento de Pinoso. Por tanto, los derechos mineros de esos recursos, por lógica deben pertenecer al ayuntamiento.
Preguntado sobre si los pinoseros podemos estar tranquilos ante este tema, el edil comenta que los derechos mineros lo único que hacen es reforzar el derecho que el ayuntamiento tiene a percibir un canon en función de que es el propietario del monte. El hecho de que no tengamos los derechos mineros no tiene por qué significar que nos quedemos sin el derecho a cobrar el canon, pero es mejor tenerlos.
Incluso en el peor de los casos, el edil tiene claro que es un tema que no se va a resolver a corto plazo. Va para muy largo, y creo que ahora mismo está bien encauzado. Espero que la nueva corporación, si sigue en esta línea que hemos abierto y con esos buenos asesoramientos que tenemos ahora, pienso que conseguiremos los objetivos finales. Y aunque llegado el momento perdiéramos la titularidad de los derechos mineros, no perderíamos nunca los derechos económicos de la posesión del terreno, de la titularidad del monte. Lo que sí me gustaría es que en este pueblo comenzáramos a darnos cuenta de que tenemos unos ingresos extraordinarios limitados en la cantidad y en el tiempo, y que deberíamos empezar a preocuparnos ya por cómo los utilizamos, y que deberíamos hacerlo para planificar futuro para este pueblo para cuando no existan esos ingresos.
EL AYUNTAMIENTO DE PINOSO REACCIONA ANTE EL PROYECTO DE DECRETO DE LA GENERALITAT SOBRE LAS CONCESIONES DE DERECHOS MINEROS
