En el pleno extraordinario de este lunes se ha autorizado al alcalde Lázaro Azorín a que formalice la operación, si se dan las condiciones necesarias. Los presupuestos municipales para 2016 contemplan la posibilidad de contraer este crédito, con un máximo de 3.129.746 euros, mientras paralelamente hay previsto un plan de pagos de 620.000 euros anuales.
21 de diciembre de 2015
Por diez votos a favor (PSOE y PDPI) y la abstención de los ediles del PP y Compromís, en el pleno de este lunes se ha facultado al alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, para que en caso de que se den las condiciones oportunas, firme un préstamo con el que hacer frente al pago de la sentencia sobre el cierre de la planta de cogeneración eléctrica de la cooperativa Frutos Secos Mañán, con un máximo de 3.129.746 euros, tras aceptar el ministerio que Pinoso se adhiera al Fondo de Impulso Económico impulsado el mes de julio por el gobierno central. Un fondo que ofrece medidas de sostenibilidad financiera, con la posibilidad de poder optar a un crédito, y cuya contestación resultó positiva.
El edil de Hacienda, Francisco José López, ha explicado que puesto que se trata de una sentencia firme, el ayuntamiento está obligado a satisfacer el pago de este alto importe, y además los plazos se echan encima. De todos modos, hasta el momento se desconocen las condiciones en las cuales se podría suscribir este préstamo, pero se espera que sea del 3,5%. El edil tiene muy claro que si las condiciones son altas y con duras repercusiones para Pinoso, no se firmará el préstamo.
De forma paralela, y con el fin de tener una garantía legal, días pasados se remitió al juzgado de Alicante, una propuesta razonada de pagos, a razón de 620.000 euros anuales, para hacer frente a la sentencia en caso de no suscribir este préstamo.
La aprobación de esta operación está supeditada a la entrada en vigor del presupuesto 2016, aprobado este mismo lunes, y en el que se contempla esta operación de crédito.
Francisco José López ha recordado que tanto el plan de pagos como el crédito obligarán a duros ajustes, y el alcalde no entiende las discrepancias de criterio entre los juzgados de Alicante y Valencia, que han desembocado en esta situación.