La Conselleria de Servicios Sociales ha emitido un confirming para el abono del Contrato Programa correspondiente a 2025, lo que supone diferir el pago de 1,3 millones de euros hasta 2026. Así lo han denunciado el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, junto a las diputadas autonómicas Charo Navalón y Silvia Gómez, quienes han advertido del incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la Generalitat y los ayuntamientos.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Villena ha solicitado a su equipo jurídico el estudio de posibles acciones legales para reclamar a la Generalitat los intereses derivados del retraso en el pago de los servicios sociales municipales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, competencias que recaen en la administración autonómica.
Cerdán ha criticado la imposición del confirming como fórmula de pago, ya que obliga a los municipios adheridos al Contrato Programa a adelantar con fondos propios la prestación de unos servicios que son responsabilidad de la Generalitat. “Villena puede asumir este esfuerzo porque tiene unas cuentas saneadas, pero esta situación pone en serio riesgo a otros municipios con menos recursos o problemas de liquidez”, ha señalado el alcalde, quien ha pedido a las diputadas autonómicas que actúen para corregir esta práctica de la Conselleria.
El alcalde también ha denunciado la “doble vara de medir” de la administración autonómica, que sí aplica intereses cuando los ayuntamientos no ejecutan determinadas partidas de subvención, especialmente en la contratación de personal. En este sentido, el Ayuntamiento considera legítimo reclamar los mismos intereses por el retraso confirmado en el abono de los costes de personal que corresponden a la Conselleria y que ahora se pagarán a año vencido.
Por su parte, la diputada autonómica Silvia Gómez ha advertido de que esta problemática no es exclusiva de Villena, sino que afecta a numerosos municipios de la Comunitat Valenciana. A su juicio, esta dinámica “responde a una estrategia orientada a la privatización de los servicios sociales municipales”.
Gómez ha recordado que la reciente modificación de la Ley de Servicios Sociales abre la puerta a derivar la gestión de estas prestaciones a iniciativas privadas, lo que, según ha afirmado, busca incentivar un deterioro del servicio público, con menos personal y recursos, dificultando cada vez más a los ayuntamientos el sostenimiento de los equipos exigidos por la propia Conselleria.
En el caso de Villena, la plantilla de Servicios Sociales ha pasado de 11 profesionales en 2021 a los 20 actuales, a los que se sumarán tres más en los próximos meses. “Todo este personal está siendo sostenido actualmente con recursos municipales debido al impago y al retraso reconocido por la Conselleria”, ha concluido el alcalde.
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