Es un hecho constatable e incuestionable que la delincuencia y los problemas de seguridad ciudadana se han incrementado vertiginosamente en estos dos últimos años en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, con lamentables sucesos tan paradigmáticos como los recientes atracos de Canals en Valencia, Hondón de las Nieves en Alicante o la banda de la excavadora en Castellón.
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La Comunidad Valenciana está muy por encima de la media de España en la comisión de delitos. Según la Memoria del Ministerio del Interior de 2005, la Comunidad Valenciana es la segunda en España en el total de atracos a bancos y cajas de ahorros, Alicante es la segunda provincia de España en asesinatos dolosos y Valencia la segunda también en delitos contra la libertad sexual. También la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas tiene acreditadas con las llamadas del teléfono 112, la siguiente evolución de denuncias ciudadanas en materia de seguridad: 59.365 en 2003, 70.889 en 2004 y 88.079 en 2005, lo que constata que lejos de las afirmaciones propagandísticas del Ministerio del Interior y del Gobierno de la Nación, con el Sr. Rodríguez Zapatero al frente, de que la delincuencia se está reduciendo, también en este apartado como en otros, hemos evolucionado a peor, algo que el propio CISS reconoce, pues en 2005, la seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana pasó a ser ya valorada como el tercer problema en importancia mientras que en alguno de los barómetros mensuales del CISS durante 2006, ha llegado a situarse como el segundo problema.
Frente a todo esto, el Gobierno de la Nación incumple sus compromisos electorales en materia de seguridad ciudadana y su obligación de claridad y transparencia. Respecto a lo primero, hay un gran retraso en la construcción de los cuarteles de la Guardia Civil previstos en el Plan Decenal de Inversiones de la Dirección General de la Guardia Civil, difiriendo muchos de ellos a los diez años de vigencia del Plan Decenal, estando además en una situación de conservación y mantenimiento deficiente el 80% de los casi 180 cuarteles de la Comunidad Valenciana. Por lo que respecta a la promesa electoral del PSOE de crear comisarías de Policía Nacional en la poblaciones de más de 30.000 habitantes y en aquéllas que aún con menos población lo necesitaran, nada se sabe, a pesar de que el 21 de Junio de 2004 el entonces Ministro del Interior Sr. Alonso en su comparecencia en el Senado, y luego el Secretario de Estado Sr. Camacho el 29 de noviembre del mismo año, ratificaron el compromiso electoral como objetivo del Gobierno.
En lo que respecta al segundo aspecto, la transparencia, ésta ha desaparecido, pues sólo se informa de los nuevos agentes que salen de las academias, pero no de los que fallecen, jubilan o trasladan de la Comunidad Valenciana a otros destinos, con lo que no sabemos con cuantos agentes se cuenta. El Consell de la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, de la Secretaría Autonómica de Interior y de la Dirección General de Interior, ha solicitado, de forma reiterada, a la Delegación del Gobierno en Valencia, que se informase de los medios de que disponen las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Comunitat Valenciana, sin que esos requerimientos hayan tenido respuesta alguna. Tampoco conocemos las publicaciones mensuales periódicas de las estadísticas de delitos del Ministerio del Interior, desde que el 9 de junio de 2006 se dictó la Instrucción 925/2006 firmada por el Secretario de Estado de Seguridad por la que se introduce un procedimiento nuevo para su publicación, que al no desarrollarse, de hecho ha suspendido la publicación de esas estadísticas mensuales, teniendo que enterarnos en parte gracias a publicaciones de empresas aseguradoras.
Finalmente, el Gobierno envía este verano más de 350 guardias civiles a Cataluña, una Comunidad que tiene asumidas competencias estatales en materia de seguridad ciudadana y financiación económica para ello, en lugar de enviarlos a la Comunidad Valenciana en donde esas competencias no están asumidas y sí que es una competencia plena del Gobierno de la Nación la seguridad ciudadana, y en donde en base al Acuerdo Administrativo de Colaboración en materia policial entre el Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana, por Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1992, se adscribió una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía a la Generalitat Valenciana compuesta por 500 efectivos, y que en estos momentos está por debajo, rondando con oscilaciones los 300 policías nacionales.
Ante esta lamentable situación, han tenido que reaccionar los vecinos y los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. El 80% de las urbanizaciones residenciales en la Comunidad Valenciana han contratado en 7.952 casos los servicios de empresas privadas, según datos de la Memoria del Ministerio del Interior de 2005, y en determinados casos ha habido conatos de creación de patrullas vecinales. Respecto a los Ayuntamientos, éstos se han visto obligados a financiar total o parcialmente la construcción de nuevos cuarteles de la Guardia Civil, o bien a pagar la reparación de los existentes, y a incrementar notablemente las plantillas de la Policía Local, con el bienintencionado fin de atender las demandas vecinales de mayor seguridad, pero generando gastos presupuestarios que han tenido que cubrir bien aumentando impuestos, o bien detrayendo recursos de otras partidas, resintiéndose con ello la gestión global municipal, cuando legalmente y por más especialización esa competencia corresponde al Estado.
Se estima en 20.000.000 de euros sólo el coste de las 637 plazas de policía local creadas en 2005, sin contar compra de material, vehículos, uniformidad, en los 265
municipios de la Comunidad Valenciana que tienen Cuerpo de Policía Local. A este coste debemos añadir el que los Ayuntamientos debe soportar en los procesos de selección. En el año 2005 se realizaron 172 procesos para poder nombrar a los nuevos policías, y en lo que va de año, se han realizado 121. Además la situación creada por esta política de abandono y dejación de las competencias en materia de seguridad, que viene realizando el Gobierno Central, ha provocado que los municipios donde no existe Cuerpo de la Policía Local (menos de 5.000 habitantes), se vean obligados a la creación de los mismos, aumentando, de esta forma el gasto público.
A la vista de cuanto antecede, se solicita la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Se exige al Gobierno de la Nación que el Ministerio del Interior acelere la construcción de los nuevos cuarteles de la Guardia Civil y que apruebe un plan integral para reforma y rehabilitación de los cuarteles más insuficientes y deteriorados.
SEGUNDO.- Que el Ministerio del Interior presente ya el plan de construcción de nuevas Comisarías de Policía Nacional en las poblaciones de más de 30.000 habitantes, la adscripción de plantilla y el plan plurianual de inversiones y de gasto que dé soporte real y compromisos de ejecución efectivos a la promesa electoral del PSOE primero, y a los compromisos del actual Gobierno después.
TERCERO.- Instar al Gobierno de la Nación en tanto en cuanto no desarrolle sus compromisos y mientras que en materia de seguridad ciudadana la delincuencia no se reduzca a niveles inferiores aceptables social e históricamente, a que cree una nueva partida presupuestaria específica, o bien a que aumente la partida ya existente del Fondo de Participación en los Tributos del Estado con los municipios, añadiendo como elemento de cuantificación de la transferencia a cada ayuntamiento como criterio de ponderación el esfuerzo inversor y de gasto presupuestario desarrollado en materia de seguridad ciudadana, debiendo el Ministerio de Economía Hacienda y en su caso el Ministerio de Administraciones Públicas, negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias en general y con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en particular, el importe global económico a compensar a los Ayuntamientos españoles y valencianos.