El Ayuntamiento de Villena ha denunciado la paralización de las obras de rehabilitación del Palacio Consistorial a causa de un grave desencuentro entre la empresa constructora y la dirección de obra. La discrepancia, centrada en el refuerzo de las vigas y la estructura del edificio –declarado Bien de Interés Cultural (BIC)–, mantiene detenida la actuación desde el pasado mes de mayo y ha obligado al Consistorio a intervenir “en defensa de los intereses municipales”.
El concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez, ha anunciado la apertura de un proceso de análisis que podría derivar en sanciones tanto para la empresa adjudicataria como para la dirección técnica, según determinen las justificaciones que ambas partes deben presentar en los próximos días.
El origen del conflicto reside en la enorme diferencia económica planteada para reforzar las vigas del edificio.
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La constructora reclama un modificado de 700.000 euros, equivalente al 57% del precio de licitación, alegando que las catas previas no reflejaron el deterioro real de la estructura.
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La dirección de obra, adjudicada por concurso público, sostiene que la actuación necesaria no supera los 20.000 euros.
Martínez ha calificado de “incomprensible” la distancia entre ambas cifras y ha subrayado que el problema no es únicamente económico, sino también técnico: “Debemos valorar si la empresa adjudicataria tiene realmente capacidad para asumir una intervención más compleja”.
Actualmente, esta disputa mantiene completamente paralizada la rehabilitación del histórico Palacio Consistorial, generando un retraso significativo en el calendario previsto. El Ayuntamiento ha otorgado un plazo a ambas partes para justificar sus posturas, tras lo cual se tomará una decisión que podría ir desde la imposición de sanciones por incumplimiento de plazos hasta la rescisión del contrato, tal y como contempla la legislación vigente.
El edil ha insistido en que la solución óptima sería un acuerdo técnico que garantice la continuidad del proyecto con todas las garantías de seguridad, conservación y respeto al valor patrimonial del inmueble. En caso contrario, el Ayuntamiento actuará con firmeza aplicando la normativa y haciendo valer las garantías depositadas por ambas empresas en sus contratos.
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