El día 5 de octubre del presente año 2010 se celebró en el IFA de Alicante una jornada participada por entidades empresariales y civiles, asociaciones y colectivos, tales como Coepa y Cepyme, Cámara de Comercio, Caja Mediterráneo, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, IFA, INECA, FUNDESEM, Fundación Quórum y Asociación de profesionales de Alicante, interviniendo entre otros el ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel. Yo fui invitado a tal evento por el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández bajo el título Nuevos enfoques empresariales para el futuro, donde se realizó un diagnóstico del modelo económico a seguir en la provincia y del que poca autocrítica del modelo se produjo, más bien al contrario, calificando el tejido de los colectivos como de ejemplo de éxito al adaptarse a los cambios con mucha rapidez. Si bien el tema candente de imprescindible planteamiento para el foro fue la necesidad de la Innovación, la Creatividad, La Formación y que las Administraciones Públicas deben aplicar el mismo sacrificio que la sociedad civil, reduciendo su actual dimensión para ganar en eficiencia y eficacia.
Si hay algo que los ciudadanos deberíamos de exigir como de obligado cumplimiento a las Administraciones Territoriales, limitadas por su capacidad de generar recursos autosuficientes (no depender del endeudamiento de modo razonable), es cumplir con las leyes de la misma manera que se nos exige a los demás el cumplimiento de un orden público social y económico. Me refiero al Marco normativo en vigor desde hace ya algún tiempo: 1) La Ley General de Estabilidad Presupuestaria del año 2001 y 2) Recomendaciones del Consejo Europeo de Santa María de Feira del año 2000, basadas en el artículo 4.3 del Tratado de la Comunidad Europea donde se contiene expresamente una referencia al respecto a los principios de precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas como principios rectores de las acciones de los Estados miembros para alcanzar los fines enunciados en el propio Tratado y, en particular, el de conseguir un crecimiento sostenible y no inflacionista y un alto nivel de empleo.
¿Se ha aplicado este marco normativo y de gestión en las Administraciones Públicas Nacionales y Territoriales españolas en las últimas legislaturas? Evidentemente que no en cuando al modelo organizativo que quintuplica competencias sectoriales y territoriales, instalándose de forma crónica un sobredimensionamiento innecesario de la Administración Pública, no ajustando las estructuras organizativas a las posibilidades actuales, insistiéndose con aquella jornada señalada en la idea de obtener optimismo y una actitud más activa para generar confianza e ilusión ciudadana.
Innovación, Creatividad, Formación, es el nuevo valor añadido a los productos y servicios resultantes tanto en la sociedad civil como en la Administración Pública, o lo que es igual en términos presupuestarios, que las previsiones oficiales de los ingresos se correspondan a gastos necesarios de inversión en estas materias pero no a un mayor endeudamiento. Los pactos entre los grupos políticos más representativos son ahora más importantes que nunca para conseguir este objetivo común y, por tanto, un alto nivel de empleo.
José Joaquín Álvarez Viana
Ldo. en Derecho
Ldo. en Ciencias Políticas y de la Administración