A lo largo de esta semana han ido apareciendo en el Diario Información, de manera muy irresponsable, ya que las mismas pueden generar una innecesaria alarma social, noticias relacionadas con el supuesto aumento de ocupaciones de viviendas por parte de bandas organizadas con un fin lucrativo no legalizado en la ciudad de Elda.
¡Qué decepción! Esta Conselleria ha cambiado de gobierno, pero al parecer no de políticas. Desde siempre, pero ahora con más ímpetu, las administraciones públicas, concretamente sus responsables políticos, han utilizado a algunos medios de comunicación, para tapar sus nefastas y negligentes políticas, como es el caso de la Conselleria de Vivienda.
Hay que recordar que la Ética periodística y su código deontológico exige rigor informativo y en el tratamiento de las noticias en todo momento brilla por su ausencia, detallando aspectos no significativos, obviando los importantes y sin acercarse a la raíz del problema, que como todos sabemos es el estado de emergencia habitacional en que se encuentra nuestra comarca.
La PAH ha denunciado en repetidas ocasiones que la parálisis institucional del anterior gobierno de la Generalitat y del actual, estaba generando situaciones muy desesperadas y peligrosas. Con una lista de espera para el acceso de una vivienda que supera las 300 familias en la comarca, con un restringido acceso al mercado de alquiler privado, que sigue estando en manos de inmobiliarias y que mantienen las mensualidades muy elevadas, con los centenares de procesos de ejecución hipotecarias abiertos, con las moratorias de desahucio acumuladas en los despachos de los juzgados, el problema sigue siendo el mismo: la falta vivienda.
La crisis/estafa provocó que miles de familias perdieran sus trabajos y como en una reacción en cadena sus casas. Muchas de estas familias, las más vulnerables, ahora forman parte del sector de población que ya antes de la crisis era excluido de los beneficios del mercado y del acceso a una vivienda digna. El anterior Consell, estuvo de acuerdo con las entidades bancarias en aquello de que la vivienda es un negocio (legalizado) y no un derecho constitucional y transformó el Instituto Valenciano de la Vivienda en una inmobiliaria con la cual hacer negocios suculentos sus amigos empresarios.
Como sabemos vivienda hay y la tienen casi todos los bancos al desahuciar de manera fraudulenta a las familias. La administración pública, por su parte, sin previsión de un más que evidente estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis/estafa, y haciendo oídos sordos al mandato constitucional por el cual debe garantizar el derecho habitacional, no adquirió vivienda pública y además dejó que se deterioraran las que tenía muchas de ellas cerradas a cal y canto y sin posibilidad de ser disfrutada por una familia.
Esta gestión cortoplacista que no tiene en cuenta la necesidad real de las familias, y que podría hasta rozar lo delictivo, es la verdadera culpable de que en la actualidad hayan aumentado las familias que necesitan una vivienda, que haya familias que de manera desesperada intenten ocupar aún arriesgo tener consecuencias penales. Pero también que haya familias sobre endeudadas por la negligencia de EIGE o con cláusulas abusivas en contratos con la administración pública.
La inmensa mayoría de las ocupaciones en nuestra comarca son por necesidad. Si hay algún caso aislado de hacer negocio (no legalizado), es la consecuencia, no la causa. El burdo intento de criminalizar la pobreza, metiendo a todo el mundo en el mismo saco para justificar la ausencia de políticas integrales de vivienda demuestra, al menos, y siendo muy benévolos, una desorientación general, una grave irresponsabilidad social y una falta de ética de cara a la repercusión en la vida de las personas afectadas.