El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante criticó hoy al PP por su oposición al Plan de Empleo de Emergencia Social presentado por los socialistas que pretendía inyectar dos millones de euros para la contratación de personas sin ingresos ni prestaciones en los municipios de menos de 25.000 euros. Según el portavoz adjunto, David Cerdán, las localidades del Vinalopó como Aspe, Monovar y Sax han perdido la oportunidad de recibir 40.000 euros de la Diputación Provincial de Alicante para la contratación de vecinos sin ingresos, sin perspectivas de empleo y en situación dramática. El PP muestra una insensibilidad dando la espalda al drama social del desempleo en los municipios de la provincia.
Según Cerdán, la propuesta socialista que no fue respaldada en el pleno celebrado el pasado jueves carece de justificación, puesto que desde la configuración del presupuesto de la Diputación para este año contamos gracias a una propuesta del PSPV-PSOE con dos millones de euros para destinar a un plan de empleo. Un plan de empleo que hemos elaborado los socialistas que entendemos que el tiempo pasa y que los desempleados no pueden esperar más, sino que requieren actuaciones concretas.
Para el diputado provincial socialista es incompresible que diputados del PP digan no a una propuesta que beneficia a los municipios, en la comarca del Vinalopó a pueblos gobernados por ellos mismos. Es el momento de que la política se imponga a las necesidades de los partidos y que piense más en el interés de los ciudadanos. Y el PP no lo ha hecho.
Cerdán reclamó a los dirigentes populares y a los alcaldes del PP que recriminen la decisión del PP en la Diputación. Porque por encima de los intereses de partido se encuentra la defensa de los pueblos y, sobre todo, de sus ciudadanos, y el PP dijo que no a todo ello en la sesión del pleno de marzo.
El plan de empleo establecía un mecanismo de reparto de los dos millones de euros a municipios inferiores a los 25.000 habitantes en función de su número de desempleados. Y establecía una cantidad mínima de 8.150 euros por municipio y otra máxima de 40.000 euros.