El día 19 de noviembre se inició una marcha denominada Discapacidad en Marcha por el Respeto y la Dignidad para despertar la sensibilidad de los políticos y de la sociedad en general y pedir la anulación de la nueva propuesta de financiación que se quiere implantar, que pone en peligro la situación laboral de los trabajadoras/es de este sector y la calidad de vida de los usuarias/os, su dignidad y respeto, dejándoles en situación de riesgo de exclusión social. Tras diez días de recorrer a pie el territorio alicantino (en la cual participamos haciendo el recorrido de Villena-Elda) y valenciano, llegarán mañana miércoles a Valencia, para que sus tres peticiones sean escuchadas. Estas peticiones son las siguientes:
1.-Pago inmediato de la deuda contraída con todos los centros y servicios de la discapacidad y enfermedad mental.
2.-Paralización del nuevo plan de financiación para centros de discapacitados en 2013.
3.-Creación de una mesa negociadora representada por todas las partes (entidades titulares, trabajadores, usuarios, familiares y administración) para Resolver el Futuro del Sector.
Desde Esquerra Unida Petrer y también Esquerra Unida en Las Cortes Valencianas, hemos apoyado a este sector, desde el comienzo de los impagos en los Centros, en diferentes momentos y movilizaciones. Por lo que planteamos al resto de Partidos Políticos de este Ayuntamiento, consensuar una moción para el Pleno del próximo jueves, con las 3 peticiones que llevan este colectivo, a lo que el PP nos comunica su negativa y por tanto decidimos desde EU Petrer presentarla por Despachos Extraordinarios.
Desde Esquerra Unida, entendemos que el nuevo modelo de financiación supone el fin de los conciertos. Porque Consellería ya no se compromete a mantener las asignaciones a las Asociaciones durante cuatro años, con sus pertinentes consecuencias, que son las siguientes:
-Dificultará el acceso a créditos por parte de las entidades, ya que las subvenciones sólo se justificarían cada año.
-Consellería se reservará la potestad de variar las subvenciones cada año, con la amenaza para las entidades de verlas disminuidas hasta que sus programas queden desmantelados ni asegurar un calendario de pagos.
-Por otro lado, el modelo de financiación supone una reducción económica de la asignación, con lo que, aunque se autodenomine centrada en el usuario, los servicios que este recibe se verían mermados, lo que conllevaría una clara disminución de su calidad de vida en todos los aspectos. La desaparición de programas de integración social, laboral y emocional sobre todo en residencias, donde su vida se limitaría a quedar recluidos y hacinados sin la cantidad adecuada de profesionales de atención directa ni personal técnico, con el tiempo preciso para desarrollar las terapias específicas para cada usuario.
-Por último, destacar que se verían afectados todos los servicios que ofrece cualquier entidad del sector, como viviendas tuteladas con un menor número de educadores, y por tanto, un menor número de usuarios; en los centros de atención temprana se eliminarían los servicios de detección precoz, por lo que a largo plazo resultarán más caras las terapias y recursos necesarios para atender a quienes se le ha dificultado esta; en los centros ocupacionales, la reducción de personal y de recursos para programas de integración laboral provocarán la conversión de estos centros en guarderías, en que los usuarios ni tendrían la atención necesaria, ni podrían desarrollar todo su potencial como personas.
El mal llamado copago, ya publicado en el DOGV, es en realidad el tercer pago que haría una familia con un miembro con discapacidad. El primero sería el que hacemos todas y todos con los impuestos, el segundo, la amplia parte de la pensión que el usuario destina a pagar su estancia en los centros, y el tercero sería el que se hace llamar copago, que obliga a las entidades a gestionar el cobro de esas cuotas, dado que el dinero que deben ingresar por él, se suma a la hora de determinar la cifra de la subvención.
Según este modelo de financiación, la reducción de ingresos oscilaría entre los 300.000 y 500.000 euros por cada Centro, un auténtico atentado a la calidad de vida a todos los niveles de usuarias/os que dejarían de ser ciudadanos de primera categoría para volver a convertirse en un objeto de exclusión social.
En definitiva, el nuevo modelo de financiación y el copago, supondrá que muchas personas no podrán hacer frente al coste económico de los servicios, volviendo a ser una carga para las familias, lo que les llevará a una situación de marginación social que ya debería estar obsoleta y la imposibilidad de realización personal de la gente con algún tipo de diversidad funcional.
Todo ello supone un retroceso a las políticas de caridad social de hace cuarenta años, destruyendo toda la labor en pro de la integración e inclusión social de estas personas para que puedan ser miembros de pleno derecho de una sociedad que se autodenomina avanzada.