La secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Ana Barceló, acusó hoy al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, de mantener bloqueadas las reuniones de los Consorcios Comarcales de Residuos de la provincia, a pesar de las dudas existentes en el uso que se hace de ellos para la reubicación de residuos procedentes del conjunto de la Comunidad Valenciana y del decreto ley que modifica las capacidades de Vaersa y su configuración jurídica.
Barceló señaló que desde las filas socialistas se ha hecho requerimientos a Ripoll para que convoque los distintos consorcios y podamos disponer de información suficiente de cómo se encuentran cada uno de ellos, de la cantidad de residuos qué gestionan y de su procedencia. Pero Ripoll, ante su silencio, se convierte en cómplice de la Generalitat en su política de hacer basura de esta provincia.
La secretaria de los socialistas alicantinos considera que el Plan Integral de la Comunidad Valenciana está creado en 1997, que tenía como plazo hasta 2002 para terminar el conjunto de las infraestructuras. No obstante, el Consell hasta el momento ha hecho lo que viene haciendo en política: nada.
Según Barceló, es fundamental establecer una estrategia provincial para recomponer el mapa de plantas de tratamiento con criterios objetivos, puesto que la actual situación supone unos efectos negativos de carácter medioambiental y también económico. Hoy pagamos la dejadez del PP en materia de residuos, que se traduce en un 40% el incremento de las tasas de basuras. A esto, añadió, es fundamental que el presidente de los consorcios, el señor Ripoll, tenga una respuesta positiva para solventarla con el conjunto de la sociedad.
ACLARACIONES
La necesidad de convocar los consorcios es especialmente urgente tras la publicación hoy en el Diario Oficial de la Generalitat Valencia del decreto ley de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo, que afecta a la composición jurídica de Vaersa y a su actividad en materia de organismo encargado en la gestión de infraestructuras para el tratamiento de residuos.
Nos tememos que estos cambios normativos suponen un intento burdo de adaptar la realidad a las necesidades políticas del Consell y de sus conselleres. Se está haciendo leyes y normas porque les viene bien, no con ninguna intención de mejorar la situación de la provincia de Alicante, a quien no interesa ni a Camps ni al propio Ripoll, más allá de sus intereses particulares.
Según el decreto ley publicado hoy, Vaersa pasará a estar compuesto con capital público, aunque puede estar formado por fondos de distintas administraciones con preferencia en su recuperación por parte del Consell. El artículo 5.4 del mismo decreto ley establece que la entidad podrá actuar con competencias plenas en la construcción de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorización o eliminación de todo tipo de residuos, así como la realización de cualquier actividad relacionada con la gestión de los mismos.
Esto supone, en opinión de Barceló, cambios de criterios que tendrá sus efectos en la provincia de Alicante, especialmente cuando hay cuestiones que no están resueltas como las adjudicaciones pendientes en diferentes consorcios comarcales.
Para despejar las incógnitas creadas expresamente por el Consell para confundir a los ciudadanos de la provincia de Alicante es necesario la convocatoria de los consorcio, que el presidente de la Diputación tiene cerradas a cal y canto. Es esencial, en este momento, que haya un frente común en defensa de la provincia y que Ripoll no mercadee intereses políticos con el medio ambiente de nuestro Alicante.