El pasado septiembre de 2008 se firmó con el Gobierno de la Comunidad Valenciana el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE II) para el periodo 2009-2013. Este Pacto se consensuó en el marco del diálogo social entre los agentes sociales y económicos con mayor representación y la Generalitat Valenciana.
Entre otros aspectos, en dicho Pacto se alcanzó un acuerdo en materia de atención a la dependencia y servicios sociales, en el que se recogía, entre otras cosas, la creación de un Comité Consultivo en la Comunidad Valenciana en el que participaran los agentes sociales y económicos de nuestra comunidad, y en el que se realizaran las funciones de seguimiento de la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Además, en dicho Comité, también se abordarían cuestiones como el desarrollo normativo autonómico en materia de calidad en el empleo para la acreditación de las empresas y copago que, en la actualidad, aún sigue pendiente de regulación.
A nivel estatal está regulado y formado el Comité Consultivo, en el que se permite la participación social, sindical y empresarial en el Sistema, y en el que se asesora e informa sobre propuestas de interés que pueden contribuir a una mejora en el funcionamiento de la ley.
En nuestra Comunidad la creación del Comité Consultivo se debería haber realizado en el mes de Octubre de 2008, y ante el silencio de la Conselleria de Bienestar Social desde la UGT-PV solicitamos una reunión con el señor Cotino. Actualmente seguimos sin tener noticias de dicha Conselleria, y es por lo que exigimos la aplicación de los acuerdos del PAVACE II, y la creación urgente del Comité Consultivo que permita velar por la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad.
Prueba de la situación que vivimos en la Comunidad Valenciana es la creación de ocho Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia que se han constituido en toda la Comunidad. Ante la indefensión que sufren las personas en situación de dependencia las asociaciones de personas afectadas se han organizado para exigirle a la Generalitat agilidad y eficacia en la aplicación de la ley, y la apuesta política por prestar y crear unos servicios de atención a la dependencia públicos y de calidad.