El régimen instaurado por la Constitución del 78 ha proporcionado a España el período de democracia más largo y fructífero de su historia. Pero tras más de treinta años de vigencia, nuestra Constitución debe hacer frente en estos últimos tiempos a peligros y asechanzas que los constituyentes no supieron prever. El peligro más evidente proviene, desde luego, del actual tsunami disgregador impulsado por los particularismos nacionalistas. Es éste un maremoto que produce efectos contagiosos, y que ya se extiende por todas las autonomías de un Estado que cada vez merece menos ese nombre. Pero hay una segunda amenaza, menos ruidosa mas no menos dañina: la degradación democrática de las instituciones básicas (justicia, parlamento, poderes autonómicos y locales) establecidas por nuestra ley fundamental una degradación que está siendo activamente promovida por la bipartitocracia (PSOE/PP, o PP/PSOE, que en esto tanto monta, monta tanto) que nos gobierna.
Centrémonos en una institución tan básica para la vida democrática como son los ayuntamientos; y analicemos, en especial, una práctica tan irritante e innoble como la del transfuguismo, actualmente ejemplificada por la vergonzosa mojiganga con que los ya ex concejales del PSOE de Benidorm nos amenizaron el final del verano, o, más recientemente, por el espectáculo de un alcalde del PP en El Ejido, que se convierte en tránsfuga, funda un nuevo partido, concurre a las elecciones, las gana y al cabo de un tiempo es detenido acusado de corrupción.
El transfuguismo municipal no es otra cosa que la perversión de una norma en principio cargada de buenas intenciones: la norma según la cual el alcalde de cada municipio es elegido por una mayoría de sus concejales. ¿Por qué se ha pervertido esa norma? Veamos. En unas circunstancias de bipartidismo, la diferencia entre el número de concejales de las dos grandes formaciones que se reparten el consistorio suele ser con frecuencia mínima, de uno o dos concejales. Lo cual se traduce, a efectos prácticos, en el hecho de que cualquier concejal de la mayoría detenta a menudo, individualmente, el poder de cambiar el signo del gobierno municipal. Una situación demasiado tentadora para los ediles menos escrupulosos por no decir directamente corrompibles-. Si a esa situación añadimos que el hambre de poder de los dos grandes partidos apenas conoce límites ni siquiera los de una mínima decencia pública es difícil evitar una dinámica que conduce directamente al transfuguismo.
La práctica del trasfuguismo no es sólo una burla a la voluntad de los electores. Es, también, una muestra insoportable de degradación democrática y una causa mayor de desmoralización política para ese electorado que ve cómo su voto es mercadeado por unos políticos locales henchidos de prepotencia y avidez. Es, asimismo, uno de los mecanismos por los que se introducen corrupciones tan tóxicas como la urbanística en el sistema de poder municipal, como lo demuestran los casos de Benidorm o El Ejido. Desde luego, el transfuguismo no es la única rendija por la que se cuela la corrupción en las corporaciones locales. Así se ha demostrado en el reciente apocalipsis municipal de Santa Coloma de Gramanet, ayuntamiento donde el PSOE catalán ha vencido por mayoría absoluta elección tras elección al tiempo que los propios votantes eran conscientes de que tarde o temprano estallaría el escándalo de corrupción que llena las páginas de los periódicos estos días. En el oasis catalán, parece ser que basta una alianza sotto voce entre socialistas y convergentes para conseguir lo que el transfuguismo logra a menudo en el resto de España.
La constatación de estas evidencias es justamente la que llevó a UPyD a proponer en su programa para las elecciones de 2008 la elección directa de los alcaldes para prevenir pactos postelectorales que desvirtúen o tergiversen la voluntad ciudadana.
Algún político al uso podrá enarcar las cejas con asombro, pues una medida como ésa nos perjudica claramente como partido: con el sistema actual es obvio que, en caso de obtener representación municipal, UPyD, en tanto que partido minoritario, estaría en una situación óptima para apoyar a una u otra de las dos grandes formaciones, decidiendo así a menudo la mayoría de gobierno municipal. Una elección directa de alcaldes disminuiría, en este sentido y mientras mantengamos esa condición de partido minoritarionuestro poder a escala local.
UPyD no es un partido de poder al uso: su objetivo no es convertirse en un fin en sí mismo, en una maquinaria atrapacargos que confunde la política con la ocupación del mayor número posible de puestos en la administración. UPyD nace como un partido instrumental en un momento que creemos crítico de la historia de España. Un partido que se concibe a sí mismo como herramienta ciudadana, como el instrumento que ha de cumplir una misión impostergable: la reconstrucción de la democracia española, gravemente amenazada por los dos procesos que señalábamos al principio, la deriva disgregadora en el plano territorial y la degradación democrática en el plano institucional. Ésa es la clave de nuestra propuesta y de nuestro compromiso.
UPD