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El presidente de la Diputación de Alicante defiende en el Pleno Provincial la interconexión entre cuencas, incluida la del Ebro

El presidente de la Diputación de Alicante defiende en el Pleno Provincial la interconexión entre cuencas

El agua ha centrado esta mañana el debate en el pleno ordinario de la Diputación de Alicante correspondiente al mes de junio. Por un lado, el Grupo Popular ha conseguido sacar adelante, sin el apoyo del Grupo Socialista, una moción por la que la institución provincial se suma a la Plataforma de Alcaldes por el Agua, constituida el pasado mes de mayo en Orihuela para reclamar el trasvase de los sobrantes del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha defendido, a raíz de la moción en materia hídrica presentada hoy, la interconexión entre cuencas en todo el territorio nacional. Ripoll ha señalado que “si están en el lenguaje del Gobierno las palabras trasvase e interconexión de cuencas, sobre todo la segunda, cómo se va a dejar una cuenca sin conectar”.
El presidente de la institución provincial se ha preguntado que “qué tiene Aragón que no tengan el resto de las comunidades autónomas. Si se interconectan las cuencas, habrá que interconectarlas todas, incluida la de Aragón y la del Ebro. No tiene sentido no conectar la cuenca que, como todos estamos viendo, es la que más sobrantes tiene”.
Asimismo, el Presidente ha apuntado que “si podemos suministrarnos el agua de nuestras cuencas, parece ridículo ser dependientes del exterior”, en referencia a la interconexión que desde algunos sectores se defiende con el río Ródano.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Mónica Lorente, ha manifestado que la moción “es una invitación para que, al igual que se invitó a participar a todos los regidores en la Plataforma de Alcaldes constituida en Orihuela el pasado 7 de mayo, se sume ahora el Grupo Socialista a esta iniciativa”.
En este acto, Lorente ha remarcado que “estaban representados, directamente por alcaldes de forma legítima, casi 12 millones de personas y creo que es un acierto reivindicar de forma solidaria y poniendo principios de igualdad territorial y solidaridad que se retome la política hidrológica a nivel nacional”. Asimismo, ha apuntado que esta moción es una invitación “para sentarnos y dialogar”.
Por otro lado, la diputada provincial ha destacado que “la Diputación de Alicante ha invertido 72 millones de euros para la optimización de los recursos hídricos, llevando a cabo 93 obras en depuración de aguas residuales, 10 obras para el tratamiento y reutilización, 36 en red de abastecimiento y 17 depósitos”.
Además, “el Gobierno Valenciano ha puesto en marcha en la Comunitat de 415 instalaciones depuradoras, ha reutilizado 500 hm3 de agua depuradas y ha promovido el sistema de osmosis inversa”, ha subrayado la portavoz del Grupo Popular.
En el texto se recoge la necesidad de exigir al Gobierno de la Nación que aplique el mismo criterio seguido en Cataluña a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, trasvasando de los sobrantes del Ebro, tal y como establecía el Plan Hidrológico Nacional de 2001, 315 hm3 a la Cuenca del Júcar, otros 450 hm3 a la del Segura y 95 hm3 a Andalucía.
Por otra parte, el Grupo Popular también ha aprobado la renovación y modificación de la Comisión Provincial del Agua, órgano que se reactiva con el objeto de defender los intereses hídricos de la provincia.
El diputado de Ciclo Hídrico, Francisco Javier Pérez Trigueros, ha indicado que “éste es un órgano de participación y de asesoramiento”. La Comisión tiene como función recoger las iniciativas de los agentes participantes y “se pretende que sea más operativa y que incluya un menor número de miembros, aunque con la misma representación de agentes sociales”.
Modelo de financiación territorial
La portavoz adjunta del Grupo Popular, Mercedes Alonso, también ha defendido en el pleno una moción en la que se reclama que el Gobierno Central reconozca la población real de la Comunidad Valenciana, que se ha incrementado sustancialmente, y por tanto, se modifique el vigente modelo de financiación.
En la moción presentada, que ha sido aprobada con los votos del Grupo Popular y el rechazo del Grupo Socialista, se exige que “mientras no se produzca esta modificación, el Gobierno debe transferir 500 millones de euros adicionales al año a la Comunitat Valenciana, que el Consell invertirá en gasto social, materia de educación, sanidad y dependencia”.
Según ha explicado Alonso, “con el mantenimiento del vigente sistema, el Gobierno Central está marginando a uno de cada cinco valencianos, ya que deja fuera del modelo de financiación el incremento poblacional experimentado por la Comunidad Valenciana, que ha supuesto un aumento demográfico de un millón de personas”.
“Somos la comunidad más discriminada por el Gobierno del PSOE”, ya que, según ha argumentado la portavoz adjunta, “la Comunidad Valenciana deja de percibir del Estado 833 millones de euros al año en financiación, dinero que le correspondería de acuerdo a su población real”.
Según ha explicado, la valenciana es la cuarta autonomía con más población de España, algo que repercute en los ingresos tributarios que recibe el Estado, “mientras que ocupamos la tercera posición por la cola en financiación por habitante, ya que cada valenciano recibe 2.174 euros, lo que supone 285 euros menos que la media nacional”.
“La Comunidad Valenciana recibió el 10´45% del total de la financiación autonómica, cuando el peso poblacional es del 11´34%. Eso demuestra que los valencianos estamos siendo castigados por el Gobierno Central”, ha concluido Alonso.


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