Los servicios jurídicos de la asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) presentaron el viernes 3 de octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) los 12 primeros recursos contra la denegación, por silencio administrativo de la Conselleria de Educación, del reconocimiento del derecho a objetar, por razones de conciencia, frente al conjunto de asignaturas denominadas genéricamente Educación para la Ciudadanía (EpC).
Jorge Sánchez-Tarazaga M., padre objetor y abogado que representa a las familias que han recurrido por intermediación de VAEL, aseguró que «la presentación de los primeros recursos supone una actuación decidida por parte de VAEL en defensa de los derechos fundamentales que consideramos vulnerados y pretende romper la inercia provocada por la actuación administrativa en vía de hecho que supone el comienzo de las clases, con el fin de garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus ideas y principios».
«En la Comunidad Valenciana se da además la triste circunstancia de que la Administración Autonómica ni tan siquiera se ha dignado contestar a los padres, situación única en toda España, lo que ha sumido en la más completa inseguridad jurídica a estas familias. El desconcierto ante el silencio de la Conselleria ha sido total en los padres y en los mismos centros educativos, que han dado respuestas muy dispares ante el hecho de la objeción», añadió.
«Y esto es sólo el principio», anunció, «nosotros mismos presentaremos más recursos antes de la festividad del 9 de octubre, y sabemos de otras asociaciones de padres e incluso de abogados particulares que pronto presentarán más».
El letrado lamentó «la oportunidad perdida por el Gobierno regional del Partido Popular de resolver hace varios meses» y «la lectura de indefinición que se extrae de la omisión del deber de contestar que tiene toda Administración». «Esto ha retrasado la presentación de los recursos que, de otro modo, se hubieran interpuesto meses antes, lo que hubiera posibilitado un más rápido pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia», reprochó al departamento del que es titular Alejandro Font de Mora.
«Seguiremos velando para que los padres objetores que acudan a nosotros, con independencia de si el centro al que acuden sus hijos es público o concertado, puedan verse amparados en el ejercicio del derecho constitucional a la objeción que ejercen en nombre de sus hijos; y lo haremos», concluyó, «con todos los medios acreditados en Derecho».
El abogado reclamó a la Conselleria que «haga cumplir la instrucción dictada por la Secretaria Autonómica de Educación el día 30 de julio, que ordena a las direcciones de los centros docentes de la Comunidad que los hijos de los objetores sean atendidos por el profesorado de guardia mientras sus compañeros reciben enseñanzas de EpC». «No podemos ni debemos consentir lo que está pasando en algunos centros -tanto públicos como concertados- con estos niños, que están siendo obligados a permanecer en clase de la asignatura a la que sus padres han objetado o confinados en espacios donde se sitúa a los castigados, y situaciones semejantes», prosiguió Sánchez-Tarazaga. «Si no se rectifican de forma inminente estas actuaciones, desde VAEL exigiremos responsabilidades ante la Conselleria y, si ésta es incapaz de poner orden en el asunto, lo haremos ante los Tribunales de Justicia», advirtió.
«Esperamos de la autoridad educativa que salga de su sopor, de su empecinamiento con algo absolutamente marginal respecto de la verdadera problemática de la asignatura, -que es su adoctrinamiento moral, y no si se imparte o no en inglés-, y que permita a los padres actuar de acuerdo a su conciencia», dijo para finalizar.